Las pensiones, una cuenta difícil de cuadrar

Los primeros años los jubilados asumieron esa subida, aplicada en virtud de la reforma de las pensiones del PP de 2013, porque la inflación estaba en negativo o próxima a cero. Sin embargo, el IPC ha empezado a subir a niveles próximos al 2% y la previsión es que se mantenga en ese nivel durante los próximos años por imperativo del BCE y el pacto de estabilidad firmado por los países del euro.

En este contexto la pérdida de poder adquisitivo va a ser evidente. Y de hecho, ya se ha producido. En cuatro años, entre 2014 y 2017, las pensiones han subido tan solo un 1% mientras que los precios lo han hecho un 2,5%.

Los pensionistas, sin embargo, no solo protestan por ese alza insuficiente del 0,25% (puede llegar a ser del IPC más el 0,50% si mejora la situación de déficit de la caja de la Seguridad Social, según recoge la reforma de 2013) si no también por lo que viene. La reforma incluía una segunda pata, el llamado factor de sostenibilidad, que entrará en vigor el 1 de enero de 2019.

Se trata de una vuelta de tuerca que pasa por vincular a futuro las pensiones a la esperanza de vida. De forma que si vivimos más años, las pensiones bajarán para poder mantenerlas el tiempo de vida sin romper la caja de la Seguridad Social. Según el BBVA, ese cálculo de la esperanza de vida, que se revisará cada cinco años, supondrá un descuento de la pensión en el primer año del 0,47%. De esta forma, un pensionista que se jubilara en 2018 y cobrara una pensión de 1.000 euros percibiría 995,3 euros en caso de dejar de trabajar un año después.

A partir de 2019, el problema no será que suban poco las pensiones (un 0,25%) si no que bajarán el doble (0,47%).

Jubilados y partidos políticos, incluido Podemos y el PSOE que en 2011 con José Luis Rodríguez Zapatero congeló las pensiones, tratan de frenar la puesta en marcha del factor de sostenibilidad y volver a ligar las pensiones al IPC como forma de garantizar que no se pierda poder adquisitivo.

El objetivo es complicado. La propia Comisión Europea avaló esta semana las reformas de las pensiones de 2011 (PSOE) y 2013 (PP) al considerar que sirvieron a mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y descartó volver a ligar la paga de los jubilados a la inflación.

Para Europa, al igual que para el profesor del IESE Business School y experto en pensiones, Javier Díaz-Giménez, el futuro del sistema de pensiones pasa por reforma el mercado laboral.

La caja de la Seguridad Social tiene hoy un agujero de 18.800 millones de euros -el 1,6% del PIB- consecuencia de un mercado laboral donde predomina la precariedad, la temporalidad y los bajos salarios. Cada vez menos las cotizaciones aportan menos recursos a una caja de la Seguridad Social con mayor demanda. Cada año es mayor el número de pensionistas que se incorpora al sistema, con mayor nivel de formación y por tanto sueldos (lo que implica pagas más elevadas -en 10 años la pensión media ha subido un 35%, de 632 a 857 euros) y con una mayor esperanza de vida.

Sin entrar en el mercado laboral conseguir cuadrar el círculo es díficil. España cerró 2017 con un déficit de sus cuentas del 3,1% y tiene que seguir recortando -en sanidad, educación, pensiones...- para dar cumplimiento al objetivo europeo (3%). O bien, aumenta ingresos vía impuestos que es una opción descartada por el Gobierno.

Rajoy tiene ante sí un reto complicado. Queda poco más de un año para las elecciones autonómicas, locales y europeas y se tambalean los apoyos de un colectivo donde siempre ha tenido gran respaldo: los pensionistas, que esta vez, como afirman no van a ceder.