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— La construcción volvió la semana pasada al tajo. ¿En qué condiciones se está desarrollando la actividad?
— Trabajamos al ralentí. La vuelta se truncó por la publicación con nocturnidad y alevosía de una norma la noche del domingo que prohibía las reformas en edificios con vecinos. Parece que los domingos se están volviendo domingos negros para estas cuestiones. Eso obligó a una reorganización total En todo esto hay que destacar la colaboración de la Delegación del Gobierno que nos ha ayudado mucho a planificar y resolver muchos problemas de logística. El primer día no se incorporó todo el personal. Entraría entre un 20%-30% y esta semana estarán activos entre un 85% y un 90%. Además hay muchos trabajadores en ERTE por fuerza mayor tras la declaración del estado de alarma y no se incorporarán hasta que no concluya y hay casi 14.000 autónomos afectados por la prohibición de rehabilitación interna en edificios.
— Ustedes han sido muy críticos con las formas del Gobierno aunque comparten el fondo de las medidas.
— Nosotros no tomamos las decisiones sobre si trabajamos o no. Sabemos que por encima de cualquier consideración está la vida y la salud. Ese es el fondo, otra cosa es la forma. Asusta un poco la improvisación. Hemos estado 15 días parados en totalidad y nadie pensó que tipo de obras se iban a dejar de incorporar y se decide el domingo a las nueve de la noche. Eso no se puede hacer porque genera inseguridad y temor. En todo parece que se legisla pensando que las empresas son el enemigo. Esto es un tema que es una manera de pensar arcaica y denostada. Y hay otra cosa que me molesta y es que en todos los preámbulos de todos los reales decretos ley se dice que se han consensuado con los agentes económicos y sociales algo que no es así. Esto da miedo. Decidir primero y llamar después para hacer la foto, no. Esas no son las reglas del juego.
— ¿También es crítica con el Gobierno de Canarias y su interlocución?
— En absoluto. De la misma forma que te digo una cosa te digo que con el Gobierno de Canarias la interlocución ha sido del 100%. Tanto Delegación como el Gobierno han estado todo el rato ahí. Y con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha abierto una espita de interlocución diaria y nos coordinamos para todos los problemas que puedan surgir en las obras. Geursa está luchando muchísimo y el alcalde presiona cada día para que pague toda la deuda que supera los 12 millones de euros. En el ámbito de la contratación administrativa se está acelerando la maquinaría para poder licitar. Esto genera expectativas, una economía que yo llamo virtual y que luego se volcará en la economía real.
— ¿Cómo influye la incorporación de más trabajadores a la marcha de las obras al haber más prevención?
— No hay normalidad. En la medida que se incorporan más trabajadores se van ralentizando las obras porque las medidas son más extensas y hay que replanificar las unidades de obra. Esto supone que estamos trabajando para la supervivencia. No va a haber rentabilidad. Tenemos normas específicas fijadas por el Ministerio de Trabajo y en el donde se dice literalmente que el sector de la construcción no tiene que adoptar equipos de protección individuales (epis) distintos a los que usa habitualmente en su actividad. Por otro lado, Sanidad recomienda las mascarillas aunque ha comunicado que el sector de la construcción tiene unos niveles muy bajos de riesgo de contagio. También hay una instrucción de la Inspección de Trabajo a nivel nacional que califica al sector con el tipo B, que es de bajo riesgo de contagio. Esto hay que dejarlo claro. Así que tenemos la no obligatoriedad de determinados epis que sí asumimos porque entendemos que la seguridad emocional de los trabajadores es importante. El trabajo se desarrolla bajo parámetros rigurosos.
— La administración busca ahora convertir a la construcción en el motor de la economía de Canarias dado que el turismo tardará en recuperarse. ¿Qué medidas deben adoptar Gobierno, cabildos y ayuntamientos para que se logre?
— El sector de la construcción está llamado a ser el dinamizador de la actividad económica puesto que el turismo no se va a poner en marcha al menos en seis meses. Nosotros vamos a actuar como la legión, vamos a ir de avanzadilla. A partir de ahí qué se puede hacer. En primer lugar el Gobierno hizo caso a lo que le pedimos y en el decreto ley 4/2020 instituyó que todos los procedimientos internos en el ámbito de la licitación pública se pusieran en marcha pero no llegó al final, que es la adjudicación. Nosotros proponemos un impulso decidido a la obra civil y a la edificación. Hay instrumentos legales suficientes para poder levantar la suspensión de la licitaciones por el estado de alarma por la disposición adicional en el decreto 463.
— Por tanto, piden a las administraciones canarias que liciten ya.
— Que liciten y que adjudiquen. Hay procedimientos que ya estaban licitados y se ha suspendido el plazo de presentación de ofertas. Pedimos que se levante. Hay plazos que se presentaron las ofertas y se suspendió la adjudicación, pues que se adjudique. Y luego activar la edificación de viviendas públicas. En el decreto de desarrollo del plan de vivienda hay que tomar medidas como desburocratizar por completo los procedimientos administrativos y hacer un plan de choque de emergencia habitacional, construyendo vivienda pública en arrendamiento. Eso hay que hacerlo ya, es urgente por la necesidad de vivienda y el efecto multiplicador sobre el empleo. Nosotros podemos tirar de la economía pero el Gobierno debe empujar y tomar medidas, cmo licitar y adjudicar ya.
— Así se cubre el vacío de años sin construcción de vivienda pública.
— Claro. El plan de vivienda tiene que publicarse porque genera expectativa y va organizando a las empresas. Pero nosotros ni siquiera pedimos que dejen a la iniciativa privada hacer promociones. Nosotros pedimos ser promotores delegados de Visocan. Visocan es la que tiene que tomar las riendas de este plan urgente de choque y el Instituto Canario de Vivienda tiene que jugar el papel administrativo. En Canarias también es necesario declarar los recursos sociosanitarios de interés general. Hablo de residencias de mayores, salud mental... Que no hay. Desde 2007 no se hace un recurso sociosanitario y si se declara de interés general va a facilitar la iniciativa privada. Los convenios con los cabildos están firmados pero no se están ejecutando y hay iniciativa privada que pretende actuar y no se está permitiendo.
— Imagino también que es clave el desbloqueo de las licencias de nuevos proyectos y que están paradas en muchos ayuntamientos y cabildos.
— El tema de las licencias también es fundamental. Nosotros nos vamos a dirigir a la Fecam y la Fecai y de manera individualizada a todos los ayuntamientos y cabildos. Con la Feht estamos promoviendo este tema para que se pueda habilitar un mecanismo abreviado para todos los empresarios turísticos que quieran hacer reformas en sus complejos. Otro tema es la puesta en valor de la industria auxiliar de la construcción. Hay fórmulas para poner en valor dentro de los pliegos de condiciones de la licitación la cercanía de los proveedores y demás en circunstancias extremas, en las que nos encontramos. Y eso debe hacerse. La rehabilitación de viviendas públicas y privadas también es importante y se deben buscar fórmulas para que se haga. Si se hace todo de forma eficaz a final de año podemos recuperar puntos del PIB.
— ¿Tiene el sector mano de obra formada para esta nueva etapa?
— Vamos a absorber una mano de obra importante y no toda está preparada para entrar en las obras. Le estamos advirtiendo al Gobierno de los pasos previos necesarios para contar con esa mano de obra formada. La Consejería de Empleo y nosotros estamos preocupados y ocupados en ello.
— No es momento de reproches pero qué diría a los que demonizaron el sector de la construcción en 2007 y 2008 y ahora claman por su vuelta.
— Sin palabras. Siempre hemos sido un sector demonizado pero hemos avanzado y cambiado mucho para defender nuestra imagen pero lo que digo es eso: sin palabras.
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