El juez Manuel García Castellón / EFE

El juez pregunta a Anticorrupción si imputa a Iberdrola en el 'caso Villarejo'

En un auto aprecia indicios para investigar también a la eléctrica como persona jurídica y expone el «conflicto de intereses» por la querella contra un exdirectivo

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del 'caso Villarejo', ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se posicione respecto a la imputación de Iberdrola como persona jurídica en la pieza separada número 17 de la macrocausa, en las que ya están investigados el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, y otros directivos.

En un auto dictado este viernes, el magistrado considera que existen «indicios que podrían situar a esta mercantil en el círculo de responsables penales de esta pieza separada», que indaga los contratos de seguridad suscritos con una empresa del comisario jubilado José Manuel Villarejo para investigar a sociedades y empresarios rivales, como Manuel Pizarro (Endesa) y Florentino Pérez (ACS).

El movimiento de García Castellón llega después de que la compañía eléctrica solicitara al juzgado su personación como perjudicada por estos hechos. La razón procesal, aludieron los abogados de Iberdrola, es que ejerce como parte acusatoria en el procedimiento que instruyó un juzgado de Bilbao sobre la querella interpuesta contra José Antonio del Olmo, exdirector corporativo de control.

Este investigado declaró al juez del 'caso Villarejo' en diciembre pasado que Sánchez Galán «estaba perfectamente enterado» de que se había contratado al Grupo Cenyt y quién estaba detrás: el comisario jubilado. Precisamente, Iberdrola se querelló contra él por el informe que presentó relativo a unas presuntas facturas falsas para costear los servicios de Cenyt. En total, según el sumario, Iberdrola abonó más de un millón de euros por los tres proyectos, al menos, en los que participó Villarejo entre 2004 y 2017.

Además de la petición del juez a Anticorrupción, la defensa de un ciudadano rumano que habría sido objeto de los espionajes de Villarejo, Cornelius Dic a, ha pedido que cite como investigada a la propia compañía como persona jurídica. Lo hizo incluso antes de que el juzgado, siguiendo el criterio de la Fiscalía, imputara en la causa a Sánchez Galán junto con el actual número dos, Francisco Martínez-Córcoles; el exdirector de negocio en España, Fernando Becker; y el entonces jefe del gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo. A todos ellos les atribuye delitos contra la intimidad, cohecho y falsedad en documento mercantil.

Del Olmo, testigo principal

A falta de escucharles en el juzgado -están citados inicialmente para el 6 y 7 de julio-, el magistrado sigue la línea procesal de otras piezas con asuntos similares a los encargos de Iberdrola, como ha ocurrido con el BBVA, La Caixa o Repsol. Esto es, dirimir si son perjudicados o investigados. En el caso de la entidad bancaria, tomó la decisión de imputarla como persona jurídica.  

Sobre Iberdrola, además, García Castellón le pregunta a los fiscales si consideran que se debe seguir adelante con la querella interpuesta contra Del Olmo o bien convendría archivarla. En este asunto, la eléctrica se ha posicionado en contra de que las pesquisas que se seguían en el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao acabaran en la Audiencia Nacional. Pero la instructora de esta querella por presunta falsedad documental apreció conexidad.

Del mismo modo, el juez apunta en el auto conocido este viernes a la existencia de un «posible conflicto de intereses» ante la voluntad de la multinacional de actuar «frente a quien podría ser uno de los testigos clave para sostener la acusación», en relación a Del Olmo. La aparición de su informe sobre el pago de los servicios a Cenyt le convirtieron en testigo principal, si bien luego terminó siendo imputado por su papel de 'controller' de las facturas.

Pese a que la compañía acusa a Del Olmo de mentir, los investigadores sostienen que es una «fuente de prueba» que las facturas para costear estos trabajos de investigación se emitieron al margen del circuito legal y con conceptos que no correspondían con la realidad. El entonces jefe de Seguridad, Antonio Asenjo, dijo que se hacía así por motivos de confidencialidad, pero Del Olmo dejó por escrito que estas actividades eran «anómalas», implicando en las mismas a Sánchez Galán, Martínez Córcoles, Becker y el propio Asenjo.