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El juez ha dado a la empresa JSP un mes más de plazo para negociar con los trabajadores las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado hace tres semanas y que afectará a 317 empleados, el 70% de la plantilla. Los trabajadores rechazan esta cifra «por inasumible» y así se lo transmitieron ayer a los responsables de la empresa en un nuevo encuentro que tuvo lugar en la capital grancanaria. «Es excesivo y no lo vamos a aceptar», indicó tras la reunión el presidente del comité de empresa, Ángel Yanes, quien confía en que «se entre en razón».
Durante las próximas cuatro semanas, hasta el 22 de diciembre, tienen de plazo las partes para llegar a un acuerdo sobre ese ERE. De lo contrario la empresa irá a liquidación y tanto la familia como el fondo de inversión interesado y con el que se lleva negociando hace tiempo -Hiperion- perderán la garantía de hacerse con esta industria. Según explican fuentes cercanas, ir a liquidación supondría abrir la puerta a otros inversores interesados y a la presentación de otras ofertas.
Yanes indicó ayer que también podría darse el caso de que el juez admitiera a trámite el ERE sin el acuerdo con los trabajadores, aunque considera «que es poco probable». «No lo vamos a permitir», indica.
En su opinión, la empresa tiene que tratar de llegar a un consenso sobre las condiciones del ERE y los trabajadores afectados. Por ahora, las organizaciones sindicales no dan ninguna cifra sobre el número de personas que estarían dispuestas a aceptar en ese ERE, a la espera de que la empresa presente un plan de viabilidad. «No conocemos qué planes tienen para JSP con lo que no podemos estimar cuántos trabajadores pueden salir», señala.
Como recuerda, en las reuniones que se mantuvieron con dos de los fondos interesados antes de la presentación del concurso las cifras de salidas que se plantearon fueron de 80 y 120 trabajadores, «muy lejos» de los 317 que se han propuesto ahora.
Lo que sí tienen claro las organizaciones sindicales es que los trabajadores que se marchen tendrán que hacerlo «en condiciones dignas» y no solo con el máximo que paga el Fogasa. También van a luchar por las condiciones de los que se queden.
La empresa ha planteado un recorte salarial «de peso» para los 133 empleados que se quedarán si el ERE se acomete en los términos planteados. «No vamos a aceptar modificaciones sustanciales y que puedan dar pie, por ejemplo, a cambios de lugar de trabajo», advierte Yanes.
Según informa, la empresa les ha advertido que los inversores están pendientes de esa reducción de la masa salarial para invertir y que la empresa siga adelante. «Primero deben presentar un plan de viabilidad con garantías y luego hablaremos del ERE», insiste Yanes, que asegura que es la empresa ahora «la que tiene que mover ficha» para negociar.
El presidente del comité de empresa advierte de que los trabajadores «están dispuestos a todo» y que si no hay garantía en las condiciones de los que se marchen y los que se queden no habrá acuerdo e irán a la liquidación. «O se pactan condiciones dignas o perdemos todos», indica Yánes y es que ir a liquidación supone que los trabajadores solo percibirían del Fogasa.
Por lo que respecta a la marcha de la empresa, según informa Yanes, la producción continúa bajo mínimos ante la imposibilidad de comprar mercancía. Según sus estimaciones, JSP está produciendo actualmente a un 25% de su capacidad. Como ejemplo, en la fábrica de Guímar (donde se elabora leche Millac) hay actualmente unas cinco producciones frente a las 22 que llegó a haber y en Celgán solo se está produciendo la marca blanca de Hiperdino. La fábrica de Madrid está parada por completo.
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