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Hacer negocios en Canarias no es sencillo. Nunca lo ha sido. Los distintos niveles de la administración existentes unido a la proliferación de normas obliga a dar vueltas que acaban desanimando y cansando al inversor. Sin embargo, no es lo mismo emprender un negocio en la capital grancanaria que en Santa Cruz de Tenerife o La Laguna, según puso de manifiesto ayer el Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas ILECE 2023, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libetad y que analiza la facilidad o dificultad para invertir en los 50 mayores municipios españoles.
El informe apunta que Santa Cruz de Tenerife es la ciudad de España con más libertad económica y más facilidad para invertir. La Laguna le sigue en el puesto número 7 mientras que Las Palmas de Gran Canaria cae en la tabla hasta el 30. Doce puntos separan a las dos capitales isleñas. La primera saca una nota de 68,45 sobre cien, y le coloca en un nivel «satisfactorio» mientras que la capital grancanaria saca 56 puntos y su nivel es «moderado». Según recoge el estudio, entre otras cosas, Las Palmas de Gran Canaria se coloca en la parte media de la tabla debido en parte en la lentitud a la hora de pagar a las empresas.
El estudio ha valorado cuatro variables y en todas ellas los resultados son peores en la capital grancanaria que en Santa Cruz de Tenerife. La mayor distancia se da en la presión fiscal: la carga impositiva en Las Palmas de Gran Canaria deriva en una diferencia de ocho puntos. También hay abultada separación a la hora de analizar el intervencionismo municipal así como en el desempeño económico. El mayor paralelismo entre los dos ayuntamientos se da en la magnitud de las plantillas, donde la puntuación que obtienen es similar.
Cabe destacar que los tres ayuntamientos canarios mejoran su posición pero los autores del estudio destacan la buena evolución de Santa Cruz de Tenerife, que desde 2018 ha mejorado su posición en diez puntos. «Su buena puntuación se debe a una plantilla pública y una presión fiscal a la baja», al tiempo que le aconseja «reducir sus costes, subcontratar servicios y bajar impuestos».
En cuanto a Las Palmas de Gran Canaria, el análisis recoge que «todos los indicadores son mejorables» y apunta como lo más perjudicial su número de empresas públicas y la lentitud de los pagos. «Mejorar los coeficientes del IAE y bajar el IBI son medidas que pueden ayudarle y consolidarle en su nueva categoría», indica el estudio, que recomienda mantener esta ciudad en observación en 2024.
Los autores del estudio denuncia la «opacidad general» de muchos ayuntamientos a la hora de aportar la información, ya que con frecuencia es «farragosa y está distribuida con poca claridad». Según se quejan en el informe, la mala calidad de la información aportada obliga a veces, por ejemplo, a complejas agregaciones de datos entre distintos capítulos presupuestarios para hallar totales comparables con los de otras ciudades, de cara a a asignar puntuaciones en diversos indicadores. «La real transparencia y rigor en la información es una asignatura pendientede muchos municipios», indican los autores, que aseguran que de igual forma que España ocupa «un lugar mejorable» en libertad económica, los 50 ayuntamientos analizados, también.
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