La vicepresidenta económica, Nadia Calviño. / la moncloa / EP

Empresas y trabajadores sufragarán los ERTE para evitar despidos en futuras crisis

El Gobierno anticipa a Bruselas que su reforma laboral, prevista para 2021, tendrá un mecanismo para ajustar horarios o suspender contratos temporalmente, cambios en la negociación colectiva o la simplificación de la contratación

CLARA ALBA | JOSÉ MARÍA CAMARERO | LUCÍA PALACIOS Madrid

La reforma laboral con la que el Gobierno se ha comprometido ante la Unión Europea para recibir los Fondos de Recuperación aclara cómo serán los futuros ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), una vez que este año venza esta protección extraordinaria por el coronavirus. Se tratará de un «mecanismo de ajuste interno» que aporte «flexibilidad» a las empresas para que puedan desprenderse de forma esporádica de sus plantillas, pero que a la vez «garantice el empleo» de esos trabajadores. Los ERTE han llegado para quedarse, como viene anticipando el Ejecutivo en los últimos meses, comprobado el éxito que han tenido en esta crisis. Pero para garantizar su viabilidad, tendrán que ser tanto los empresarios como los empleados los que aporten la financiación necesaria para ayudar a compañías con problemas cuando llegue otra recesión.

Así lo plantea el Ejecutivo en el documento completo del Plan de Recuperación y Resiliencia remitido a Bruselas el pasado viernes día 30, pero que no ha sido comunicado públicamente hasta este miércoles a mediodía. Uno de los pilares de ese programa, el número 23, aborda la reforma laboral y apunta a la necesidad de que los nuevos ERTE (no se sabe aún cuál será su denominación concreta) permitirán una «reducción de jornada o suspensión del contrato por crisis de empresa». Se trata de una medida que permitiría «reforzar la inversión en formación de los trabajadores durante los periodos de baja actividad, minimizar el recurso al despido, salvaguardando el vínculo contractual del trabajador con la empresa y facilitando la reactivación del trabajador cuando termine el shock», estima el Gobierno.

Para ello, será necesario poner en marcha un nuevo fondo público que se nutrirá con «la contribución de empresas y trabajadores» realizadas a través de sus cotizaciones o figuras similares acumuladas en los años de crecimiento económico. El Estado también aportaría dinero, en buena medida gracias al fondo de Recuperación-Next Generation. Ese fondo «proporcionaría los recursos necesarios para la remuneración y formación de trabajadores» afectados por las crisis de sus empresas en materia de desempleo, por ejemplo. Durante el último año, el Estado ha destinado al abono de los ERTE casi 40.000 millones de euros.

Los nuevos ERTE deberían estar preparados y acordados «en el marco del diálogo social», como especifica el documento remitido a la UE, antes de que finalice el año. Porque el Gobierno quiere que los ERTE por covid-19 puedan extenderse hasta entonces. Y después pasar al nuevo mecanismo de flexibilidad que tendría «carácter permanente» en la legislación laboral.

Es la primera gran medida que Trabajo pondría en marcha tras la crisis dentro de una reforma laboral que parecem más descafeinada de lo que asumía el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno. El texto insiste en numerosas medidas para atajar la elevada temporalidad del mercado laboral español, acabar con la brecha de género y las desigualdades, acentuadas por la última crisis.

Para ello enumera medidas como la reforma de la negociación colectiva (ultra-actividad de los convenios, relación entre convenios sectoriales y de empresa, y los mecanismos de consulta y negociación en los supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo), también prevista para este año; la simplificación de los contratos (estable, temporal y de formación/prácticas), para generalizar la contratación indefinida y devolver al contrato temporal la causalidad que se corresponde con la duración limitada, incluso aplicando un «mecanismo efectivo para eliminar el abuso de la contratación temporal, aislada o concatenada, sobre una misma persona trabajadora o un mismo puesto de trabajo».

Urgencia para los cambios laborales

De hecho, el Gobierno se ha marcado como su reforma más urgente para acceder a los fondos europeos la que englobal al mercado laboral, que tendrá que pactar en el marco del diálogo social en los próximos meses. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha explicado que «queremos tener un acuerdo este mismo año» para que la reforma esté en marcha ya en 2022.

«Se trata de una reforma muy urgente porque queremos que el proceso de creación de empleo se haga ya dentro del nuevo marco, con el objetivo de crear un empleo de calidad, con mayores salarios y que deje atrás las patologías que arrastra desde hace décadas nuestro mercado de trabajo», ha explicado la ministra de Economía en una rueda de prensa para explicar el Plan de Recuperación y Resiliencia remitido el pasado viernes a Bruselas.

Aunque los detalles de los más de 2.000 folios que componen el programa que da acceso a los fondos europeos se irán publicando en las próximas horas, la vicepresidenta ha adelantado las líneas generales de los documentos.

Además de la reforma laboral, el documento completo que se remitirá a Bruselas apunta a que la reforma de las pensiones estará lista entre este año y el próximo. Calviño ha detallado que este 2021 se avance en aspectos como la aproximación de la edad efectiva a la edad legal de jubilación. Por su parte, se espera que la reforma del sistema tributario esté lista a partir de 2022.

Comienzan las negociaciones

El mismo día en que el Gobierno ha dado a conocer el texto completo de más de 2.000 folios enviado a Bruselas con el plan de recuperación, donde se detallan las principales reformas e inversiones que hará España en los próximos años, el Ministerio de Trabajo inició con los agentes sociales la negociación de una de las reformas clave para el mercado laboral: la de la contratación, que pretende acabar con la elevada temporalidad que sufre el país, a la cabeza de Europa.

Así lo ha avanzado este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa en la que ha explicado los datos de paro de abril. «Creemos que podremos barajar una propuesta o empezar a trabajar en qué líneas de reforma de la contratación temporal hay que acometer ya en los próximos días, incluso ya casi esta misma tarde», desveló el número dos de Yolanda Díaz, que explicó que la simplificación del número de contratos formará parte del primer paquete de medidas que aprobará el Ejecutivo en lo que respecta a la modernización del mercado de trabajo.

«Habrá que ver cuál es el modelo de contratación temporal resultante del diálogo social. El objetivo es que el sistema de contratación temporal asegure que las empresas usan esos contratos solo cuando hay causas que lo justifican», ha resaltado Pérez Rey, que señaló «las opciones son muchas» y será en la mesa del diálogo social donde se valore qué contrataciones puede haber de modalidad temporal y si se pondrá punto y final al contrato por obra y servicio. «El detalle concreto de cómo se articulará es todavía pronto», aseguró.

El secretario de Estado ha dejado claro ue el objetivo de esta reforma que será «clave» es «dar estabilidad al empleo y confinar la contratación temporal a las empresas que realmente lo necesitan», ya que -señaló- hay «una gran bolsa de contratos temporales que son formalmente temporales». De hecho, Pérez Rey ha hecho hincapé en que gracias a la campaña iniciada hace cuatro meses por la Inspección de Trabajo se han conseguido transformar 144.000 contratos temporales fraudulentos en indefinidos.