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El Gobierno de Canarias ultima un nuevo decreto para atajar la emergencia habitacional que sufre el archipiélago canario. Tras el decreto ley de medidas urgentes aprobado a principios de este año, el Ejecutivo canario trabaja en otro con el que pretende agilizar los plazos y conseguir que los ayuntamientos de Canarias concedan las licencias de construcción con la mayor celeridad.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, indicó ayer que la idea es que las licencias puedan darse en el plazo de un mes frente a los dos años y hasta tres años que se tarda actualmente. «La vivienda es uno de los grandes asuntos», indicó Clavijo durante un foro celebrado ayer en la sede de CANARIAS7. Y el tiempo apremia, sobre todo si se quiere cumplir con el objetivo marcado por el Gobierno de Canarias de sacar al mercado 5.000 viviendas en esta legislatura, que que concluye en 2027.
Según explicó, este segundo decreto trata de complementar el anterior, ya que, por muchas de las medidas que aprobó el Gobierno, como la actualización del precio de los módulos - con un alza del 40% -para animar a los empresarios a entrar en la construcción de vivienda asequible, «al final se quedan en nada» si los ayuntamientos demoran la concesión de las licencias 'sine die'.
En la elaboración de este nuevo decreto trabajan de forma conjunta las consejerías de Política Territorial -que dirige Manuel Miranda- y Presidencia y Administraciones Públicas -que encabeza Nieves Lady Barreto-.
«El objetivo es facilitarles a los ayuntamientos la concesión de las licencias para viviendas y que las den en un mes», explicó Clavijo, que señaló, que la fórmula son los llamados 'visados de idoneidad', que vienen avalados por el sello de instituciones habilitadas para ello, como son los colegios de Ingenieros o de Arquitectos. De esta forma, una vez que se solicitan la licencia y se presenta la documentación oportuna «se pueda empezar a construir». A posterior, si hubiera alguna modificación que hacer «se corregirá lo que se tenga que corregir», indicó Clavijo.
Como explicó, la necesidad de dar respuesta a los 25.000 demandantes de vivienda que se estima que hay en las islas exige tomar medidas «de urgencia». «Vamos a ver si funciona pero necesitamos que esto se mueva», aseguró Clavijo, que consideró que con las medidas que están tomando además de dar respuesta en vivienda se impulsa la actividad de la construcción y se mejora la productividad del archipiélago. En este sentido, cabe reseñar que según los datos que maneja el Ejecutivo la construcción encabeza los datos de productividad en las islas, con una media de 94.032 euros por trabajador frente a los 51.734 del empleado del sector turístico. «Si tiramos de la productividad seguiremos tirando de los sueldos» y con ello, apuntó Clavijo, contribuiremos a reducir los niveles de pobreza de las islas y que la tasa AROPE sitúa a la cabeza del Estado. «Esto es una cadena que tenemos que tirar», manifestó.
Respecto a que este impulso a las licencias se haga vía decreto en lugar mediante una procedimiento legislativo con trámite parlamentario y aportación de enmiendas, Clavijo le restó importancia y afirmó que el resto de los grupos parlamentarios podrán participar. «No pasa nada porque participen y corrijamos. Lo importante es que se haga bien», añadió.
En Canarias, según los datos del informe que elaboró Corporación 5 hace unos meses, hace falta construir 15.000 viviendas al año para atajar la emergencia habitacional. La cifra supone multiplicar por cinco las viviendas puestas en el mercado entre los años 2021 y 2023.
Pero si la construcción de vivienda libre y de venta privada está en niveles muy bajos, peor es la situación de las viviendas públicas, sin apenas construcción en los últimos diez años. Entre 2018 y 2022, por ejemplo se construyeron menos de 300 con tres ejercicios en medio -2018, 2020 y 2021, de cero unidades.
Incentivar la puesta en el mercado del alquiler de la vivienda vacía es otro de los objetivos del Gobierno de Canarias, pero aún no se ha optado por la fórmula.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se mostró confiado en que el Gobierno de España dé el visto bueno a la materialización de la RIC para la construcción de vivienda de alquiler, algo que se está negociando actualmente. La idea, explicó en el foro CANARIAS7, es que los empresarios pueden invertir esos fondos a la construcción de casas y después se la cedan a la empresa pública Visocan, que se encargaría de la gestión de esos alquileres a cambio de una rentabilidad de entre un 5% y un 5,5%.
De esta manera se consiguen dos objetivos, de un lado, dar un nuevo uso a la RIC, que tras años de haber contribuido al crecimiento de la economía y el empleo en las islas, se encuentra en un momento de estancamiento y de otro, dar respuesta a la necesidad social de viviendas públicas en alquiler. Clavijo aseguro que esta materialización se haría «acotando» bien los requisitos para evitar consecuencias negativas de una construcción excesiva.
Asimismo, para dinamizar el mercado de la vivienda, el Ejecutivo estudia incentivos para animar a los propietarios de vivienda vacía a sacarla al mercado. También sería a través de Visocan, con el pago de una renta -aunque inferior al precio del mercado- y con un seguro de alquiler, de forma que el piso se devuelve tal y como se entregó. En este punto, Clavijo criticó las consecuencias que está provocando la Ley de Vivienda del Gobierno de España, y que está reduciendo la oferta de pisos en el mercado ante el temor de los propietarios a los impagos y a las dificultades para expulsar a los inquilinos. «Es un infierno», dijo Clavijo, que recalcó que todas las medidas van a promover vivienda habitual. «No contribuimos a la especulación», señaló.
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