María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

El IEE prevé una ola de recursos contra el impuesto a bancos y energéticas

El Congreso aborda este martes la tramitación de los nuevos tributos que, según estima el think tank de la CEOE, podrían destruir 72.000 empleos

C. A. Madrid

Banca y energéticas mantienen la presión ante los nuevos impuestos con los que el Gobierno espera recaudar 7.000 millones de euros en dos años. El Congreso afronta este martes la tramitación de estos tributos que, desde el Instituto de Estudios Económicos también critican con dureza.

El think tank de la patronal de los empresarios ya advirtió en julio que la propuesta del Gobierno podría destruir un total de 72.000 empleos. Y ahora advierte sobre el impacto que puede tener en las empresas españolas frente a sus competidores europeos, ante el riesgo regulatorio percibido por el inversor que, a su juicio, provocará la medida.

De hecho, y según un informe elaborado por estos expertos, «de aprobarse la Proposición de Ley, tal como está redactada, se dará lugar a una serie de recursos contra su aplicación que, probablemente terminará con su declaración de inconstitucionalidad por atentar contra los principios constitucionales de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución por su retroactividad y los principios tributarios de generalidad, igualdad y capacidad económica del artículo 31.1 de la Constitución».

A juicio de los expertos, la regulación del gravamen «vulnera elementos esenciales del Derecho Comunitario ya que discrimina en función de la residencia en España o en otro país de la Unión Europea» y «coloca a las entidades de crédito residentes en otros Estados de la UE en una situación de ventaja competitivafrente a las residentes en España».

Consideran además que estos tributos suponen, en el fondo, una doble imposición para bancos y energéticas «que en el impuesto sobre Sociedades se ven sujetos a un mayor tipo de gravamen, del 30% en lugar del tipo general del 25%, además de soportar diversos impuestos sectoriales específicos».

Los expertos del IEE también indican que existe un fraude de Ley en la tramitación de la norma como Proposición de Ley «ya quemediante este procedimiento se elude la consulta pública». Del mismo modo, el informe indica que la norma «altera el régimen de financiación de las Comunidades Autónomas, que no participan en la recaudación de los gravámenes en contra de lo establecido en los arts. 156y 157 de la Constitución».

«Se debe tener presente que los sectores sobre los que recaen los gravámenes (financiero y energético) son fundamentales dentro de una economía, por lo que incrementar las trabas que tienen que afrontar, que ya son muy elevadas en términos regulatorios, equivale a erosionar la actividad económica y el empleo«, indican los expertos del IEE.

Además de la destrucción de empleo prevista por la institución, sus estimaciones también apuntan a que los gravámenes podrían tener un impacto contractivo sobre la actividad económica total de casi 5.000 millones de euros, es decir, cuatro décimas de PIB de 2021.