María Jesús Montero, ministra de Hacienda. / EP

Hacienda tomará los datos de las fortunas de 2022 para aplicar el impuesto en 2023

El nuevo tributo se tendrá que aprobar antes de que termine el año y recaudará alrededor de 3.000 millones en 2023 y 2024, aunque la Airef calcula unos 400 millones menos

Edurne Martínez
EDURNE MARTÍNEZ Madrid

Antes de que termine el año Hacienda tiene que aprobar el nuevo impuesto a las grandes fortunas para que pueda tomarse como referencia los datos a 31 de diciembre de 2022 y el impuesto pueda comenzar a recaudar en 2023. Una de las opciones que plantea el Ejecutivo es introducir este tributo como enmienda a la proposición de ley que tramita ahora el Congreso sobre el impuesto a las energéticas y entidades financieras.

Si lo consigue, la recaudación tendrá efectos en 2023 y 2024, coincidiendo con la liquidación de dicho impuesto. Tras estos dos años el Gobierno evaluará si lo mantiene o no. El impuesto gravará la riqueza neta superior a los 3 millones de euros con tres tramos:1,7% a patrimonios entre 3 y 5 millones; 2,1% a patrimonios de entre 5 y 10 millones, y un 3,5% a partir de 10 millones.

Es la idea que planteó ayer la Autoridad Fiscal (Airef), que durante la presentación de su análisis a los Presupuestos Generales, consideró que si Hacienda quería comenzar a recaudar en 2023 debería entrar en vigor ya en 2022. Fuentes del ministerio dirigido por María Jesús Montero explican a este periódico que el impuesto se pondrá en marcha en 2023 y comenzará a recaudar ese mismo año, pero teniendo en cuenta el patrimonio de 2022.

Desde Hacienda señalan que se seguirá el mismo modelo que en el gravamen a las energéticas y la banca, al tener en cuenta el patrimonio de 2022 pero con un impacto recaudatorio que empezará en 2023.

Dudas en la recaudación

En cuanto a la recaudación, la Autoridad Fiscal es más pesimista y calcula que con este impuesto las arcas del Estado obtendrán 1.270 millones en 2023 y 1.370 millones en 2024, un total de 2.640 millones en los dos años, mientras que el Gobierno espera obtener 1.500 millones cada año de este tributo, lo que supondría 3.000 millones en los dos años de aplicación.

Este impuesto no se solapará con el de Patrimonio gestionado por las comunidades autónomas, ya que aquellas que aún lo mantengan permitirán deducirse el 100% a sus contribuyentes.

En las enmiendas en las que prevén aprobar este impuesto también se incluirá la limitación de las desgravaciones en el Impuesto sobre Sociedades para las grandes multinacionales, que recortará al 50% la posibilidad de compensar pérdidas de filiales en grupos consolidados.