El Estado asumirá miles de millones de deuda autonómica como pago por la investidura

¿Cuál será la cantidad condonada? En el acuerdo con ERC ya se establece que a Cataluña se le perdonarán 15.000 millones de euros, que asumirá el Estado, el 20% de lo que aún debe a la Administración Central. El sistema que va a seguir el Gobierno para definir cuánta deuda asume de cada comunidad tendrá como referencia el incremento experimentado entre 2007 y 2014 en cada autonomía, al entender que gran parte vino forzada por la crisis financiera y que las autonomías no recibieron por parte del Estado el apoyo que sí se ha producido con la crisis de la covid. En la pandemia del coronavirus, los gobiernos llegaron con la lección aprendida y aprobaron ayudas para paliar la crisis; la Comisión Europea suspendió la aplicación de las reglas fiscales y el BCE bajó los tipos de interés y compró deuda pública sin limitaciones.

Pero con la crisis financiera y económica de 2008, que se prolongó varios años, primaron las medidas de austeridad. La recaudación impositiva se desplomó al hundirse la economía y las comunidades autónomas tuvieron que endeudarse para cubrir el coste de los servicios públicos. De 2007 a 2014, la deuda de las comunidades autónomas de régimen común se incrementó en 165.155 millones de euros. Cataluña fue la autonomía que más aumentó su endeudamiento al pasar de 15.776 millones a 64.466 millones (casi 48.700 millones de subida), seguida de la Comunidad Valenciana, que aumentó 25.500 millones hasta los 37.422; y Andalucía, con un incremento de 22.196 millones hasta los 29.373 millones. En promedio, la deuda se multiplicó por 3,7 veces, aunque la comunidad donde más creció fue Murcia, que la multiplicó por 10 hasta los 6.838 millones.

Como explica Francisco Pérez, director de Investigación del Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), «el endeudamiento de las autonomías durante la crisis económica se produjo a pesar de gastar menos, por la importante caída de ingresos, que provocó que los recursos fueran insuficientes para atender los servicios públicos bajo su competencia, como la sanidad y la educación, donde además los ajustes tienen límites». Además, la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía o Castilla-La Mancha se tienen que endeudar más porque están infrafinanciadas: reciben menos recursos por habitante ajustado que los necesarios para mantener el mismo nivel de prestación de servicios públicos que otras comunidades. Y eso lleva a la segunda parte del problema: hay que diseñar un nuevo sistema de financiación autonómica, el actual, aprobado en 2009, caducó en 2014 y genera mucha desigualdad entre comunidades.

Que la condonación de deuda llegue por un acuerdo de investidura no tiene por qué convertirla en una mala medida. Para el director del Ivie hay razones que justifican esa condonación porque la deuda es una «mochila llena de piedras» para algunas comunidades, pero debe hacerse teniendo en cuenta las razones que han llevado a esa deuda. Se puede calcular en cuánto se hubieran endeudado en realidad durante la crisis si hubieran tenido los ingresos estables, y la diferencia podría ser la cuantía a traspasar al Estado. Además, a determinadas comunidades se les debería condonar también el endeudamiento sobrevenido por la insuficiencia de financiación, señala Francisco Pérez. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana o de Murcia, el 75,5% y 89,8% respectivamente de su endeudamiento se explica por la infrafinanciación, que en el caso de Valencia tiene un valor acumulado de 36.550 millones de euros, según el informe 'Insuficiencias acumuladas y ruptura de equilibrio en la financiación de las comunidades autónomas' publicado por el Ivie.

Opinión contraria mantiene el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, para quien condonar deuda autonómica «es mala idea porque genera problemas de disciplina fiscal y posibles incentivos a las comunidades a gastar más de lo que ingresan al pensar que luego vendrá el Estado a rescatarlas». En todo caso, puestos a hacerlo, lo lógico, según Ángel de la Fuente, «es perdonar a todas las comunidades la misma cantidad por habitante ajustado que a Cataluña; si lo que se aplica es un simple porcentaje sería muy injusto porque trataría peor a las autonomías que menos se han endeudado». De los 15.000 millones de euros que se van a perdonar a Cataluña resulta una condonación de 2.000 euros por habitante, lo que llevaría a que el Estado, de calcularlo así, tuviera que asumir en total 88.000 millones de euros. Sin embargo, desde Hacienda descartan este método.

El economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, considera que la condonación «puede ser positiva a medio y largo plazo si se reduce la carga financiera y mejora la solvencia de las comunidades», pero reclama que exista una «vigilancia estricta de las cuentas autonómicas». En todo caso, que el Estado asuma parte de la deuda autonómica no tendrá impacto en el saldo total de la deuda pública, porque lo que se suma en un lado se resta en otro. Lo que sí bajará es la carga de intereses, ya que el Estado se financia más barato en los mercados que las comunidades autónomas y, de hecho, muchas ni siquiera pueden acudir a los mercados porque no les prestan.