El juez exonera a los directivos de Repsol y Caixabank en el 'caso Villarejo'

En su auto, el juez atribuye a los exjefes de Seguridad y al subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol, Rafael Girona, un delito de cohecho activo. Al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos, mientras que al comisario jubilado Enrique García Castaño solo este último delito.

Del mismo modo, García Castellón ha acordado el sobreseimiento para otros cuatro exdirectivos de Repsol y Caixabank puesto que una vez practicadas todas las diligencias pertinentes concluye que no existen elementos suficientes para atribuirles la comisión de los delitos investigados.

El instructor explica que en el año 2011 el Grupo Cenyt, de Villarejo y Redondo, elaboró una serie de informes sobre el presidente de Sacyr Luis del Rivero, su mujer, el jefe de Seguridad de Sacyr y el antiguo Director Financiero de Repsol con los que se constata que la empresa accedió a información y llamadas telefónicas realizadas por Del Rivero y su entorno. Este hecho, prosigue, constituyen datos de carácter reservado a los que no se tiene acceso por fuentes abiertas ni registros públicos. El tráfico de llamadas y comunicaciones fue facilitado por García castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía.

El Grupo Cenyt recibió por este encargo abonos con cargo a las sociedades de Repsol y Caixabank por valor de 413.600 euros, de los que 218.900 corresponden a pagos de la petrolera y 194.700 a la entidad bancaria.

El magistrado destaca que cuando se llevaron a cabo estos hechos Villarejo era comisario del Cuerpo Nacional de Policía y que no existía ninguna investigación policial en curso que justificase la solicitud de los tráficos de datos relativas a las personas investigadas por el Grupo Cenyt.

Respecto a los dos directores de Seguridad, el juez explica que, a la vista de las diligencias practicadas, ambos disponían de un elevado grado de autonomía organizativa y contractual. En ese sentido, añade el auto, ambos investigados "disponían de amplios márgenes de contratación, de decisión y de orden de pagos en lo relativo al ámbito de la seguridad de las citadas mercantiles".

A partir de ahora, las acusaciones personadas disponen de un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.