Responder al desafío habitacional: la hoja de ruta del Gobierno de Canarias

Desde la administración pública éramos conscientes, desde el primer momento, de la complejidad del escenario y del reto que suponía abordarlo con visión y responsabilidad. No bastaba con levantar nuevas romociones: se trataba de construir con sentido, de planificar y de responder con compromiso a las necesidades reales de la ciudadanía. Por ello, desde el Gobierno de Canarias estamos desplegando múltiples medidas para revertir esta situación, convencidos de que estamos a tiempo de corregir el rumbo y garantizar que los canarios y canarias puedan desarrollar su propio proyecto de vida en un hogar digno.

Por esa razón, desde el inicio de esta legislatura, el compromiso de este Ejecutivo con la sociedad canaria y con la vivienda ha sido una prioridad absoluta. Hemos impulsado una serie de medidas sin precedentes en este ámbito, conscientes de la importancia de garantizar el acceso a una vivienda digna para todas y todos. Sin embargo, pese a todo, entendemos que los desafíos continúan, por lo que debemos agudizar el ingenio y seguir innovando y buscando nuevas soluciones que permitan avanzar aún más en la mejora de las condiciones de vida de nuestra gente.

En Canarias, la colaboración con el sector privado siempre ha sido clave en la construcción de viviendas públicas. En este sentido, una de las medidas que impulsamos en el primer decreto ley que aprobamos el pasado año en esta materia, el 1/2024, fue el de actualizar el Módulo Básico Canario.

Esta medida nos ha permitido ajustar el precio del metro cuadrado para la construcción de vivienda protegida a la realidad actual de los costes, teniendo en cuenta el incremento en el precio de los materiales en los últimos años y adaptándolo a las particularidades de cada isla. Una iniciativa que ha buscado, desde el principio, incentivar la participación del sector privado en la promoción de viviendas protegidas, como lo hacía en los años previos a la crisis financiera, facilitando así la construcción de nuevas viviendas y contribuyendo a hacer frente a la emergencia habitacional.

Esta mejora ya ha tenido sus frutos. La Consejería ha registrado un aumento sin precedentes en las peticiones de promotores, en el último año y medio, para poner en el mercado 2.137 viviendas protegidas. En 2021, solo se recibieron 3 solicitudes para 112 viviendas, mientras que en 2023, 14 solicitudes para 414 viviendas y, en 2024, 42 peticiones para 1.723 inmuebles, lo que evidencia el impacto positivo de las medidas impulsadas por este Ejecutivo.

Conscientes de que el mercado de la vivienda ha permanecido prácticamente paralizado desde la crisis inmobiliaria de 2008, sabíamos que era fundamental ofrecer respuestas y reformas normativas para recuperar los niveles previos a la crisis e incentivar la oferta de vivienda.

En este contexto, tras la aprobación del Decreto 1/2024, esta misma semana hemos aprobado un segundo decreto ley que incluye la habilitación de terceros para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, uno de los mayores obstáculos para la construcción de viviendas. A partir de ahora, estos informes podrán ser elaborados no solo por los servicios técnicos municipales, sino también por colegios profesionales, medios propios personificados o entidades urbanísticas de colaboración acreditadas.

Estos podrán ser encargados por el ayuntamiento o aportados por el promotor en la solicitud de licencia. Aunque no será vinculante, el informe tendrá eficacia jurídica inmediata, sustituirá al informe municipal en los puntos favorables, no requiere de ratificación por técnicos municipales, y en caso de disconformidad o falta de cobertura, la Administración podrá completar el expediente.

El objetivo es dotar a los ayuntamientos de mayores recursos para poder actuar con agilidad, sin merma de sus competencias ni de la seguridad jurídica del procedimiento. En la práctica, cualquier promotor podrá obtener una licencia de construcción en menos de seis meses, un plazo muy inferior a los dos años de media que se tarda en la actualidad.

Además, en esta nueva normativa incluimos la figura de la vivienda asequible incentivada, cuyo desarrollo convertirá a Canarias en la primera Comunidad Autónoma en aplicarla. Los promotores que se decidan por esta modalidad recibirán beneficios urbanísticos y fiscales, siempre que cumplan ciertas condiciones, con el objetivo último de beneficiar, especialmente, a las personas de clase media que no pueden optar a otras ayudas.

Impulso a la construcción industrializada

Asimismo, ante la creciente demanda de soluciones habitacionales y con el objetivo de seguir innovando en el ámbito de la construcción, el Ejecutivo ya ha puesto el foco en incentivar la construcción industrializada de vivienda, con la puesta en marcha de una línea de ayudas para fomentar el crecimiento y modernización del actual tejido industrial, y lograr que la industria tenga un papel relevante en la economía de las islas.

Esta iniciativa, que ya ha sido implementada con éxito en otras comunidades autónomas, permite la edificación de viviendas a través de métodos más rápidos, reduciendo significativamente los tiempos de ejecución y los costes de construcción.

En un territorio como el nuestro, con nuestras singularidades geográficas, apostar por este tipo de construcción puede convertirse en una solución clave para aumentar la oferta de viviendas. Esta podría ser la respuesta para complementar las medidas ya implementadas y garantizar el acceso a una vivienda digna para todas las canarias y canarios en el menor tiempo posible.

Otra de las herramientas que hemos impulsado, y que cabe destacar en este punto, es sobre la materialización de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) en la construcción de inmuebles destinados al arrendamiento de vivienda habitual. Esta iniciativa posibilita que los 2.000 millones de euros que se estima que alberga la RIC también se puedan invertir en la construcción de viviendas que, posteriormente, sean destinadas al alquiler de vivienda habitual.

En definitiva, la situación de la vivienda en Canarias no es solo una cuestión política, sino es una responsabilidad con cada canaria y canario que sueña con desarrollar su proyecto de vida en un hogar propio. Desde que asumí la dirección de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, he sido testigo de la urgencia y la necesidad de tomar decisiones que no solo tuviesen repercusión a corto plazo, sino también en el futuro.

Cada paso que damos, cada medida que impulsamos, tiene el objetivo de transformar la vida de nuestra gente para que dejen a un lado la incertidumbre de no saber si algún día podrán acceder a una vivienda. A lo largo de este tiempo, hemos logrado avances importantes, pero también somos conscientes de que el camino es largo y lleno de retos.

Por eso, seguimos buscando nuevas soluciones, convencidos de que en las ideas innovadoras y en la colaboración público-privada está la respuesta para que nuestra gente pueda desarrollar su proyecto de vida con todas las garantías. El compromiso adquirido al inicio de mi etapa no es solo con la vivienda, sino con el bienestar, la tranquilidad y la calidad de vida de nuestra gente, algo por lo que seguiré trabajando hasta el final.