La emergencia habitacional, la historia de una necesidad y el compromiso para resolverla

Desde el proceso intermedio entre los refugios naturales, la transición hacia construcciones más sólidas con materiales de piedra y arcilla y el pistoletazo hacia la cultura de la propiedad del «no queremos una España de proletarios sino de propietarios» que bautizó el primer Plan formal de Vivienda del año 61, hasta las nuevas generaciones, no se había vivido una crisis tan profunda y extensa como la brecha entre oferta y demanda que vivimos en la actualidad. Una transición tampoco ajena al proceso de pluralidad conceptual que se iba a producir respecto al concepto de 'hogar', 'uso distinto del de vivienda', 'inversión', 'alojamiento temporal, o «cohousing', y que también es víctima de la polarización ideológica.

En Canarias, en los últimos 11 años, la población ha crecido un 5,7% (120.000 personas) y el número de hogares en un 6,3% (50.410) y, por contra, se han construido unas 18.000 viviendas en el mismo período.

En paralelo, se estima que -de acuerdo a la prospección de hogares del INE- en Canarias en los próximos 15 años el número de hogares crecerá un 17%, o lo que es lo mismo, 150.000, lo que significa que si canarias no es capaz de reaccionar al déficit y activar el ritmo de producción, rehabilitación y culminación de viviendas estaríamos hablando de un déficit de 157.000 viviendas en 2039. Más de 50.000 en los próximos cinco años. Eso significa construir una media de 12.000 viviendas al año, frente a las 2900 que construimos en la actualidad.

Como sector directamente vinculado a la producción de viviendas ponemos de manifiesto nuestro compromiso con la vivienda a precios asequibles, y hemos propuesto múltiples iniciativas ante las administraciones públicas convencidos de que, juntos, podríamos paliar la brutal diferencia entre oferta y demanda. No en vano trabajamos con el Gobierno de Canarias cimentando las bases sobre las que se sustentará un nuevo modo de hacer política de vivienda en plena cooperación con la iniciativa privada.

El marco legal que se está fraguando y que contempla múltiples fórmulas de cooperación público privada ha de ser una apuesta colectiva, pero sin el soporte presupuestario este esfuerzo puede devenir en inútil y para ello es necesario que, además, los Planes Estatales de Vivienda imiten a los mejores Planes de la historia.

Hay que poner a disposición de este objetivo todos los esfuerzos presupuestarios posibles por parte del gobierno del estado, por parte del gobierno de canarias y de los entes locales, culminar exitosamente la habilitación de la RIC para ser materializada en viviendas sin trampas jurídicas ni fiscales y restaurar las fórmulas de éxito del pasado:

1. Volver a instituir medidas financieras de acceso a los préstamos cualificados al promotor/arrendador y a los adquirentes/arrendatarios de viviendas de los planes estatales de vivienda de los años 1981 al 2013.

2. Instaurar igualmente, la subsidiación de préstamos, o lo que es lo mismo la bonificación del 50% de los intereses determinados para los mismos.

3. Instituir las AEDE ( ayudas directas a la entrada) y continuar con las ayudas al alquiler.

4. Incluir la compraventa de viviendas protegidas contenidas en el plan canario de vivienda como beneficiarios de las ayudas.

5. Revisar la carga impositiva que opera en la construcción de una vivienda (14 pasos fiscales que suponen un 25% de su precio).

6. Poner el plan de viviendas de canarias al servicio del decreto ley de medidas urgentes y el de agilización de licencias e impulso a las viviendas, desarrollando sinergias entre sus programas y las soluciones del decreto: derecho de superficie, papel relevante de Visocan en la adquisición y gestión de viviendas dimanantes de la actividad privada, implementar el esfuerzo presupuestario para promover la incorporación de suelos privados a la promoción privada de viviendas en arrendamiento y/o venta.

-Implementar los programas de acceso a la adquisición o arrendamiento de viviendas para jóvenes ampliando la edad hasta los 40 años.

-Implementar el cohousing (alojamiento colectivo) orientándolo a estudiantes, trabajadores (con los ajustes jurídicos precisos) y mayores incentivando a los sectores económicos.

Volviendo al inicio de este artículo y a la cultura de la propiedad, sin menoscabo alguno en la necesidad de diversificación hacia el arrendamiento y otras fórmulas imaginativas de alojamiento, el derecho de propiedad es un derecho esencial que está estrechamente ligado a la libertad, a la emprendeduría, al desarrollo del conocimiento, a la prosperidad económica, al empleo y mayores índices de competitividad y no debe discriminarse a las rentas medias de esta posibilidad ni excluirse de las estrategias.

La emergencia habitacional es una vulneración de derechos, y la vinculación de la tenencia de vivienda a los derechos humanos y a la justicia social es responsabilidad de todos. Este Sector asume su cuota parte de compromiso y mantendrá su empeño en cumplirlo.