Los directivos de Iberdrola niegan «consignas» para alterar los precios

Sin embargo, en la primera sesión de la vista oral de este martes y después de las habituales cuestiones previas, dos de los directivos investigados negaron que la compañía les trasladara ninguna «consigna ni estrategia». Sostienen que el precio al que se ofertaba la energía al mercado se fijaba de forma automática a pesar de las imputaciones que pesan contra ellos.

Ambos cargos -el director de Gestión de la Energía y el de Optimización, Gestión de Recursos y Trading- han explicado el complejo sistema de formación de precios alegando que fue «una máquina» la que «ordenaba los datos» en función de las lluvias, el viento o la geopolítica.

Los hechos que ahora han llegado al juicio se remiten a finales de 2013, cuando la compañía habría inflado artificialmente el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo. Era una etapa de gran sequía y la gestión de los embalses estuvo en el punto de mira de los reguladores. Tras aquellos acontecimientos, se abrió una investigación que derivó en la instrucción del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, quien envió en julio de 2022 al banquillo a la compañía y a sus ejecutivos por un delito relativo al mercado y consumidores.

La firma circunscribe el juicio a una cuestión técnica y no penal. «No existe prueba o indicio que apunte a irregularidad alguna en el precio de la energía», indican fuentes de la compañía, donde insisten en que no solo ganaron sino que el grupo «perdió dinero» en ese contexto.

Para el juez, la empresa infló las cifras «a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad». «Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía», añadió el magistrado.

Para los cuatro directivos (responsables de diversas áreas de gestión) la Fiscalía solicita, respectivamente, la pena de dos años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, relacionado con la generación o comercialización de energía eléctrica, y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas. Además, el Ministerio Público pide que se imponga a Iberdrola Generación una multa de 84,8 millones de euros, que sería cuatro veces el beneficio obtenido en aquella supuesta manipulación, así como el decomiso de las ganancias obtenidas en aquel momento.

La instrucción judicial considera que Iberdrola redujo la generación eléctrica en las centrales que tiene en el Duero, el Sil y el Tajo, ya que puede hacerlo dentro de los márgenes que delimita la necesidad del sistema eléctrico para cubrir la demanda en cada momento. Su gestión es distinta a la de otras plantas, como las fotovoltaicas o las eólicas, cuyo uso depende más de las condiciones meteorológicas; o las nucleares, que casi siempre están activas. Aunque Iberdrola insiste en que desde 1997 el mercado eléctrico está liberalizado y, por lo tanto, «no existe un reglamento de organismo público, no lo puede haber, que determine una fórmula para fijar el precio de la energía».

En su auto, el juez detallaba que como consecuencia de aquella acción, «las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, de coste superior y en un rango de precios también más elevado situado entre los 80/90 euros/MWh frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas situado en 45/55 euros/MWh».

A partir del 24 de diciembre de ese mismo año, 2013, cuando «el cambio de las condiciones meteorológicas por fuertes borrascas y viento provocó la reducción del precio de la energía por la importante aportación de fuentes renovables». Solo en ese periodo la compañía despachó un total de 2.965.779 megavatios, «lo que le supuso un beneficio de 21.222.818 euros», lo que habría provocado perjuicios a distintas comercializadoras de esa energía.

El magistrado acordó en julio de 2022 que Iberdrola Generación prestara fianza por un importe total de 192.231.272 euros. Así, 84.891.272 euros serían para garantizar el pago de las multas y los 107.340.000 euros restantes para garantizar el pago de las responsabilidades civiles que se deriven.

Ese último importe, el de la responsabilidad civil, serviría «de indemnización a las comercializadoras de energía eléctrica y al resto de personas físicas y jurídicas que acrediten, como consumidores finales de energía eléctrica o garantes de los precios de la energía, haber sufrido o verse afectados por el incremento los precios de la energía en el período de 30 de noviembre a 23 de diciembre». De esa cantidad responderán «conjunta y solidariamente» todos los acusados.