Las empresas canarias generan al mes un agujero a la Seguridad Social de once millones de euros

En este montante no está incluida la recaudación en vía ejecutiva, es decir, aquella que no se realiza de forma voluntaria y que tiene lugar tras remitir requerimientos a las empresas. A lo largo de 2021, esa recaudación ejecutiva alcanzó los 56 millones de euros en Las Palmas.

Sin embargo, la Seguridad Social no logra cobrar todo el dinero que las empresas canarias adeudan al organismo.

Se estima que cada mes, las sociedades isleñas dejan de pagar en torno a once millones de euros, que se van acumulando.

Una parte se cobra y otra sigue engordando un agujero que en muchos casos acabará prescribiendo sin que llegue a recaudarse. Es un dinero perdido para las arcas públicas. De estos once millones, cuatro corresponden de media a la provincia de Las Palmas y siete a la de Santa Cruz de Tenerife, según los datos a los que ha tenido acceso CANARIAS7.

Solo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la deuda pendiente de pago de las empresas a la Seguridad Social asciende a 149,4 millones de euros.

Fuentes consultadas estiman que en Las Palmas el agujero rondará cifras similares. «Son expedientes metidos en un cajón y que crecen mes a mes», indican.

Pese al elevado dato la cifra ha mejorado con respecto a marzo de 2021, cuando el importe pendiente de pago era de 176,3 millones de euros.

Las organizaciones sindicales con presencia en la Seguridad Social, UGT y CC OO, -a los que desde la dirección provincial no se da acceso a esta información-, aseguran que la deuda se acumula sin posibilidad de cobrarla en gran parte debido a la falta de personal que hay en la Unidad de Recaudación Ejecutiva (UURE).

Aunque se han convocado plazas suelen quedar desiertas y el servicio no se cubre.

El 2 de mayo el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba los datos de las últimas plazas convocadas para el UURE en todo el Estado y la resolución y el resultado era desalentador.

Las seis plazas convocadas para las islas, como jefes de UURE en Gáldar, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana, Telde, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife quedaba desiertas.

Fuentes próximas indican que estas plazas quedan desiertas porque son empleos con mucha carga y nada agradables de realizar.

Además, Canarias ha sido históricamente un destino con déficit de personal porque muchos trabajadores sacan plaza, llegan a las islas, están un tiempo y cuando pueden regresan a la península.

La falta de personal en el UURE es un problema que arrastra la Seguridad Social desde hace años.

Ya en 2018 se cuantificó la deuda acumulada en Fuerteventura en casi 70 millones de euros por la falta de plantilla, incapaz de tramitar los expedientes de cobro y de subasta de bienes embargados.

Otra de las razones para que esa deuda no se cobre es la nacionalidad de la empresa deudora.

En ocasiones son extranjeros que no han pagado a la Seguridad Social por las cotizaciones de sus trabajadores durante años y cuando el organismo reclama las cantidades adeudadas la empresa no existe y su propietario está en otro país, con lo que se dificulta el cobro.

Fuentes de los sindicatos destacan lo abultado de la deuda y llaman a las direcciones provinciales a realizar un esfuerzo por recaudar un dinero que sería muy bienvenido a las arcas públicas tras dos años de pandemia. «Una gran cantidad de ese dinero no se va a cobrar», aseguran.

«El INSS se está gestionando como un banco no como un servicio público»

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Las colas continúan a las puertas del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Las Palmas de Gran Canaria por la falta de cita previa. Los trabajadores temen al verano, cuando las plantillas se reducen por las vacaciones pero no las necesidades de atención de los ciudadanos.

Manuel León, que fue director provincial hasta el año 2012 del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y es una voz reconocida, critica la devaluación que ha sufrido este servicio público en los últimos años y que se ha traducido en un aumento de casi el 100% de las quejas, como puso de manifiesto el último informe del Diputado del Común.

En su opinión, los problemas vienen de la imposición de la vía telemática a los ciudadanos para realizar sus gestiones, cuando la mayoría de ellos no saben o no pueden. «Existe una brecha digital y lo que han generado es un caos», indica León.

En su opinión, se está tratando de implementar en el INSS el mismo sistema que existe en la Tesorería, donde las empresas realizan sus trámites a través de gestores o asesorías. Sin embargo, apunta, en el INSS los ciudadanos no tienen capacidad de pagar a esos gestores.

«El INSS se está alejando de un servicio público y está siendo gestionado como un banco pero no lo es, es un servicio que debe atender al ciudadano», indica León, que critica que se esté recortando personal y se prevea reducir oficinas. «La directora general y el secretario de Estado deben dar soluciones al problema que han generado», dice.