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Embalse con central hidroeléctrica en Salamanca. R. C.
Las eléctricas también recurren el impuesto extraordinario del Gobierno

Las eléctricas también recurren el impuesto extraordinario del Gobierno

Las compañías integradas en Aelec presentan su recurso ante la Audiencia Nacional un día después de que lo hiciera la banca

Jueves, 16 de febrero 2023, 11:55

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Las compañías eléctricas se suman al frente empresarial contra el nuevo impuesto extraordinario que grava los ingresos del sector, junto a la banca y a otras energéticas, al haber recurrido el tributo ante la Audiencia Nacional. Se trata del segundo recurso judicial que una parte del sector presenta contra el tributo puesto en marcha por el Gobierno desde el 1 de enero, y que estará en vigor durante dos ejercicios en los que prevé recaudar unos 7.000 millones de euros.

Las compañías integradas en la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden ministerial de 2 de febrero, en la que se recoge el gravamen extraordinario al sector. Consideran que el gravamen es «discriminatorio e injustificado», según su argumentación.

La patronal Aelec considera que el tributo es «único en Europa» porque aunque la UE ha establecido un impuesto sobre el petróleo y el gas, no ha sido así sobre la actividad de las eléctricas. Consideran que «España penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético no solo mundial, sino específicamente español». Para la asociación, «es imprescindible que España acelere su reconversión energética para tener fuentes de energía propias que reduzcan la dependencia energética del exterior».

Por otra parte, insisten en su negativa a la configuración del impuesto al gravar los ingresos de las empresas y no los beneficios. Consideran, además, que es «discriminatorio» porque se les va a cobrar «un determinado número de empresas eléctricas» por tener mayor tamaño, frente a otras empresas, que quedan exentas.

E insisten en que el tributo es «una incoherencia fiscal» al gravar ingresos que ya estaban limitados y regulados desde septiembre de 2021. En aquel momento, el Gobierno topó a 67 euros/MWh el precio de venta de la electricidad a partir del cual se imponía una minoración de beneficios. Por tanto, consideran, «se grava los conceptos que el Gobierno factura a través del sector eléctrico que no aportan beneficio alguno a las compañías eléctricas».

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