La depuración de aguas, una oportunidad con mucho negocio

En el siglo XXI Canarias ha sufrido reiterados episodios de sequías. A inicios de la década de los 2000 se declaró la emergencia hidráulica y, en la segunda, se generó otro ciclo de escasez de lluvias, con islas aguantando hasta 2018 con el agua que dejaron las borrascas siete años atrás. Las presas o embalses públicos de Gran Canaria ilustraron en 2017 el episodio: llegando a la recta final de diciembre al 30% de su capacidad. En el sur de la isla, área especialmente seca, los embalses de Ayagaures y Gambuesa cerraron el grifo para mantener su escaso nivel y los agricultores de la zona ubicada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana se vieron privados del recurso. Como solución temporal, se llevó a cabo una acción inusual: conectar a la red de aguas de las presas el sistema de depuración y regeneración, inyectando en ambas presas el recurso procedente de las depuradoras para que no se perdieran los cultivos. En febrero de 2018, la ansiada lluvia regresó al archipiélago y se volvió a la normalidad.

«Ante una situación crítica de sequía, el agua regenerada puede salvar la situación», explica Gilberto Martel, técnico del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) que trabaja en el departamento de Aguas y ha coordinado importantes proyectos centrados en una gestión sostenible del ciclo integral del recurso. La empresa pública del Gobierno regional lleva años desarrollando el proyecto ADAPTaRES, donde confluyen acciones destinadas a adaptar a la Macaronesia (Canarias, Azores, Cabo Verde y Madeira) a las consecuencias de las sequías, sobre todo en el ámbito de la reutilización de aguas residuales.

«Intentamos fomentar la innovación y la investigación», señala Martel, quien considera que emplear el líquido que se deshecha por los fregaderos o los inodoros para regar cultivos, reforestar bosques, mantener parques y jardines o incluso recargar acuíferos «es una estrategia ideal y un elemento de resiliencia» porque es un recurso que no depende de las sequías. «Si existe un sistema de depuración bien desarrollado, habrá un recurso descentralizado que permitirá sustituir otros en crisis, como las aguas superficiales (presas), las subterráneas o la desalada, que también puede reemplazar a los anteriores, pero tiene un coste energético importante».

Uno de los aspectos centrales del ITC es la sensibilización: concienciar a la población y a los potenciales usuarios de los beneficios del agua depurada reutilizada. En concreto, se puede reducir el consumo de acuíferos sobreexplotados en terrenos agrícolas o zonas verdes en áreas turísticas y, además, según el jefe del departamento de Aguas del ITC, Baltasar Peñate, «es un agua mucho más económica que el agua desalada en términos de costes». Y en un territorio como Canarias, donde ha sido y es un recurso escaso, es una alternativa más que permite ciertos usos.

No son pocas la barreras o los prejuicios en torno a este recurso, pues tradicionalmente ha generado desconfianza y se ha preferido optar por acuíferos, presas o desalación ante el temor de que pueda afectar de forma negativa un líquido que ha estado en contacto con multitud de residuos o bacterias. De hecho, recientemente un estudio internacional en el que ha participado el Centro de Investigación Ecológica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha advertido de la amenaza para la salud que puede suponer el agua que ha sido depurada con tratamiento biológico -microbios usados para degradar los residuos y que han evolucionado, aumentando su resistencia a antibióticos- y que es reutilizada para regar cultivos que producen alimentos que consumen humanos.

Sin embargo, existe una normativa muy estricta (2620/2007) que regula la calidad de las aguas depuradas reutilizadas. En función de su uso, requiere de una serie de controles analíticos constantes y costosos que también ha frenado su implantación en las islas de forma más estable. «Da seguridad, pero penaliza», señala Martel. Cuando se tira de la cisterna del inodoro, se generan litros de agua que ponen en movimiento el líquido desde la vivienda a la red de saneamiento (si el municipio cuenta con dicho sistema) y al alcantarillado, donde se suman otros residuos que serán bombeados hacia la depuradora correspondiente que, si se ubica cerca de la costa, puede sufrir infiltraciones salinas por subidas de la marea ante el mal estado de las redes.

De manera similar al cuerpo humano, Martel detalla que el suministro de agua de abastecimiento es como el sistema arterial y, si se vierten residuos sólidos como toallitas a la red, se pueden producir 'trombos', es decir, obstrucciones que perjudican a toda la ciudadanía del municipio por el coste económico que supone retirarlos. Una vez llega a la depuradora, las situaciones pueden ser diversas en función de los tratamientos que se apliquen, determinados por la población a suministrar.

Una vez en la depuradora, primero hay un pretratamiento, para separar materia voluminosa sólida, arena y grasas flotantes como aceites. Se aparta por sedimentación o flotación. Después pasa al tratamiento primario, donde los sólidos se sedimentan y se retiran fangos primarios. El flujo del agua continúa y discurre hacia el decantamiento secundario o reactor biológico. Entonces se crean condiciones para que los sólidos que no sedimentan, se eliminen mediante bacterias que se desarrollan mediante la inyección de aire y consuman esa materia. Esos microorganismos crecen y también se eliminan cuando hay un exceso. El agua, una vez está clarificada, con una desinfección es apta para el vertido. Pero si se quiere reutilizar, se le dan tratamientos añadidos.

Como ha ocurrido con la desalación, Canarias ha sido pionera a la hora de probar todas las tecnologías posibles para desarrollar este proceso. El ingeniero Manuel del Pino Montesdeoca creó en 1994 un proyecto denominado Demostración de Reutilización de Aguas asociado a la depuradora del sureste de Gran Canaria. La iniciativa investigó todo tipo de tratamientos terciarios y sistemas de desinfección aplicables a las aguas residuales tratadas para posibilitar su reutilización en las mejores condiciones posibles. «Fue algo inédito, pero no obtuvo el apoyo necesario en ese momento», recuerda Martel .

En Canarias existen 89 estaciones depuradoras de aguas residuales que tienen una capacidad que oscila entre los 2.000 y los 550.000 habitantes equivalentes (h-e), unidad que se emplea en función de la población a la que suministra el recurso. Estos datos han sido facilitados por el Grupo Tragsa, a quien el Gobierno de Canarias encomendó el apoyo técnico a los consejos insulares de aguas para la elaboración de los planes hidrológicos. El 17% de estas estaciones tienen una capacidad superior de 50.000 h-e y, entre las más grandes, destacan la de Barranco Seco en Gran Canaria y la de Buenos Aires, en Santa Cruz de Tenerife.

En las cuatro ciudades más pobladas del archipiélago (más de 100.000 habitantes) existe al menos una estación al límite de su capacidad, saturadas por la gran cantidad de aguas residuales que reciben y que, en algunos casos, no pueden depurar y se vierte al mar tan solo con pretratamiento o se conceden permisos del Gobierno regional para que se permita desechar aguas contaminadas. Ante este escenario, la Unión Europea abrió expedientes de sanción millonarios a España por la gestión s en Valle de Güimar y Valle de Guerra (Tenerife), esta última ya solventada tras acometer obras de ampliación.

En Las Palmas de Gran Canaria, el alcalde Augusto Hidalgo ha reconocido que la planta de Barranco Seco está obsoleta y ha vuelto insistir en la construcción de otra depuradora en el puerto de La Luz y de Las Palmas, un proyecto que ya ha contado con la oposición de los vecinos del barrio de La Isleta, a pesar de contar con la del barrio de Tamaraceite, inaugurada en 2016.

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