Representanes de Apemes, la Asociación de las Pequeñas Empresas de Seguridad Privada de Canarias. / Juan Carlos alonso

Las empresas de seguridad demandarán al Gobierno por «responsabilidad patrimonial»

Buscan que se les abone por las cantidades que han desembolsado por la doctrina Somoza y que tendrán que pagar a la Tesorería de la Seguridad Social. Quieren que se unifique el criterio normativo y se aplique la Ley de Contratos Públicos

Silvia Fernández
SILVIA FERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

Las empresas de seguridad privada de Canarias iniciarán un procedimiento por «responsabilidad patrimonial» contra el Gobierno de Españapor la aplicación de la doctrina Somoza y que obliga a las empresas de servicios que entran en un contrato público a asumir las deudas con los trabajadores que dejan sus antecesores.

Las empresas de seguridad buscan que se unifiquen los criterios y prevaleza la Ley de Contratos del Sector Público, que dice que cuando un contratista entra en un contrato «no tiene ningún tipo de responsabilidad» frente a la doctrina Somoza «que impone esa obligación».

Así lo indica el responsable de la Asociación de las Pequeñas y Medianas Empresas de Seguridad (Apemes), Pablo Jorge, tras el comité ejecutivo de la organización celebrado ayer y en el que se decidió dar este paso.

En el caso de que no se reconozca la responsabilidad patrimonial, Apemes está dispuesta a ir a un contencioso en al vía judicial.

Tal y como publicó esta semana CANARIAS7, las empresas de seguridad de Canarias han ido asumiendo en los últimos años la doctrina Somoza y abonado las deudas con los trabajadores de sus antecesores en sus contratos públicos pero ahora se ven «asfixiadas» porque la Tesorería de la Seguridad Social ha comenzado a exigir las cotizaciones no abonadas y las cifras son millonarias.

Apemes ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios a nivel nacional y en Canarias para lograr su apoyo. También se han reunido con el senador por la comunidad autónoma, el nacionalista Fernando Clavijo, que se ha comprometido a plantear una serie de preguntas en la Cámara Alta. En este sentido, como indica Pablo Jorge, el objetivo es conseguir los apoyos políticos para que se promueva una iniciativa legislativa dirigida a cambiar la norma.

Al tiempo, Apemes está recomendando a las empresas afectadas por los pagos exigidos por la Tesorería de la Seguridad Social que soliciten aplazamientos y vayan pagando. De lo contrario, serán objeto de certificados negativos y no podrían seguir concursando en futuras licitaciones.

En un segundo paso y si la responsabilidad patrimonial del Gobierno es reconocida, podrían tramitar el reíntegro de las cantidades que abonen. «Hay empresas que no tendrán patrimonio suficiente y no van a poder responder y seguir adelante», indica Jorge.

Apemes va a mantener encuentros con las organizaciones sindicales para advertirles de que va a empezara a haber concursos de empresas. El sector emplea en las islas a unos 7.000 trabajadores.