José Luis Adeva, Domingo Gutiérrez, Miguel Ángel Ramírez Cordero y Pablo Jorge, representantes de las empresas de seguridad. / JUAN CARLOS ALONSO

El Estado 'ahoga' a las empresas de seguridad con contratos públicos al exigirles cotizaciones ajenas

En los últimos cuatro años y en virtud de la doctrina Somoza han asumido las deudas que dejaron sus antecesores -hoy en quiebra- con los trabajadores pero ahora la Tesorería les exige también las cotizaciones. Es la «muerte» de las pequeñas pymes del sector

Silvia Fernández
SILVIA FERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

En 2018 entró en vigor la doctrina Somoza derivada de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determina que, cuando empresa se hace con un contrato público de prestación de servicios en sustitución de otra que ha entrado en concurso de acreedores, la nueva adjudicataria debe hacerse cargo de los débitos de sus trabajadores que, por supuesto, han de ser subrogados.

Las empresas de servicios de Canarias, entre ellas las de limpieza y seguridad privada, han hecho los deberes en los últimos cuatro años y «como han podido» han hecho frente a esta obligación, cubriendo las deudas de sus antecesores y que desconocían cuando se presentaron al concurso.

Cuando ellos se hacen con los contratos los propios licitadores desconocen la deuda, así que asumen el riesgo. Especialmente sangrante ha sido la situación en el sector de la seguridad privada de las islas, debido a las quiebras que han protagonizado grandes empresas como Seguridad Integral Canaria, Sinergias y Novosegur, que abarcaban mucho mercado. Sin embargo, las nuevas concesionarias han conseguido ir saliendo para adelante «con gran esfuerzo».

Un «palo» de la Tesorería que genera «indefensión»

Ahora, en 2022, cuando parecía que estaban saldadas sus cuentas con la administración por las deudas y mala praxis de otros, la Tesorería de la Seguridad Social «ha decidido subirse al carro» de la doctrina Somoza y ha empezado a mandar cartas a las empresas de seguridad exigiéndoles el pago de las cotizaciones que sus antecesores no abonaron o que infrapagaron.

Para más 'inri' las reclamaciones están llegando con un 20% de recargo por los intereses de demora generados . En total se trata de unos 5 millones de euros a abonar por poco más de una docena de pequeñas empresas de Canarias. Hay casos de empresas que van a cobrar por el contrato menos de los que se les pide por cotizaciones debidas.

« Esto es la muerte de las pequeñas empresas del sector», indica el vocal de la Asociación de las Pequeñas y Medianas Empresas de Seguridad (Apemes), José Luis Adeva. Como explica, las grandes tienen «más músculo» para soportar esta situación pero las pequeñas están condenadas a desaparecer. « Va a haber un aluvión de concursos y contratos que van a quedar al descubierto», advierte otro de los vocales, Miguel Ángel R. Cordero, que añade que entonces serán las grandes las que se 'coman' el mercado isleño.

Los grandes se van a quedar el mercado

Ya está ocurriendo, la empresa que se encargaba de la seguridad en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acaba de presentar el concurso de acreedores y su contrato lo ha asumido Alcor.

El responsable de servicios jurídicos de Apemes, Pablo Jorge, considera que la Tesorería de la Seguridad Social debería esperar primero a ver cómo acaba el concurso de acreedores de las empresas que generaron la deuda para reclamar a la nueva adjudicataria estos pagos. «Pudiera ser que en el concurso hubiera dinero para cubrirlo y si no, ¿qué hacen? ¿Lo pagamos nosotros y el que dejo el agujero se va después de fiesta?», se pregunta R. Cordero.

Jorge critica que la administración fuera parte del problema en su día y ahora reclame. Como apunta, las administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, adjudicaron los contratos de seguridad privada con bajas temerarias que llevaron a algunas empresas, al amparo de la reforma laboral, a descolgarse del convenio y pagar salarios y cotizaciones que estaban por debajo de lo estipulado.

«Se beneficiaron de aquella situación y provocaron que las empresas que utilizaron estas prácticas se comieran gran parte del mercado a cuenta de generar deuda mientras los demás, mirábamos sin poder competir. Cuando estas empresas quebraron entramos nosotros y asumimos sus deudas, a regañadientes pero lo hicimos. Lo que no puede ser es que ahora la Seguridad Social nos exija algo que ellos provocaron en parte y que es nuestro fin», señala Adeva.

Las empresas de seguridad privada de las islas se sienten «indefensas» y reclaman a las administración que cambien la normativa para evitar una «injusticia» y «desaparición en cadena» del sector.

Canarias tendrá las competencias en seguridad privada esta legislatura

Gobierno de Canarias y Ministerio del Interior volvieron a reunirse para avanzar en el traspaso de las competencias en seguridad privada, con el propósito de que la comunidad autónoma pueda asumirlas antes de que acabe la presente legislatura.

De esa forma, las islas pasarían a gestionar, tal y como establece el artículo 150 el Estatuto de Autonomía de Canarias, la autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en el archipiélago y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio; la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada; la inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en el archipiélago; y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía autonómica y las policías locales.

Al citado encuentro asistieron el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas; la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cubas; el comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Luis Santos; y el jefe del Servicio de Régimen Jurídico y Modernización de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, Carlos Miguel Esquivel. En representación del Ministerio del Interior fueron el director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez; y el jefe del Área Normativa e Informes de este departamento, David Tentino.

Ambas administraciones han analizado los recursos humanos y materiales que deben acompañar este traspaso de competencias, así como su coste económico, para que la prestación del servicio se pueda desarrollar en condiciones óptimas. En este sentido, Interior se ha comprometido a entregar al Gobierno canario, a lo largo del mes de octubre, la documentación necesaria que permita dimensionar el estado actual del sector en el archipiélago.