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Los empresarios del sector de la construcción de Canarias demandaron ayer, ante la inminente aprobación hoy del decreto que regulará el teletrabajo del personal público, un mayor control sobre la productividad de los empleados que operen desde casa.
La presidenta de la Asociación de los Empresarios de la Construcción (AECP), María de la Salud Gil, y su homólogo en Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, aseguran que no están en contra del teletrabajo sino de la forma en la que se está implentando en la administración canaria, sin ningún tipo de control sobre el volumen de trabajo que sacan adelante estos trabajadores ni su productividad. «La administración pública de Canarias se está 'bunkerizando'. No se deja entrar al ciudadano ni al empresario y muchas veces es necesario hablar con un técnico. Todo es por correo electrónico o por un teléfono, al que muchas veces no se contesta», critica Salud Gil.
Según asegura, hay empresas que tardan hasta año y medio para conseguir una licencia. «Las empresas están desesperadas y si ahora el teletrabajo sube a tres días, apaga y vámonos. Son tres días de una semana de cinco. Ahora sí que será imposible realizar cualquier trámite», indica Salud Gil, que considera que son muchas las voces que tienen la misma opinión que los constructores pero que no se atreven a hablar. «Hablamos de una masa crítica de cientos de personas y que son votos», dice.
Salud Gil e Izquierdo se muestran convencidos de que si el decreto del teletrabajo se aprueba sin ningún tipo de mecanismo de control e incentivos sobre productividad, aumentará la ineficiencia y por tanto, se producirán cierres de empresas.
«El teletrabajo es bueno pero no sin medidas de vigilancia porque se hace un uso abusivo y desproporcionado», indica Salud Gil. Algunos colegios profesionales han llegado a remitir escritos al Gobierno de Canarias solicitando una revisión de la situación y la vuelta a la presencialidad ante la imposibilidad de contactar con los funcionarios y sacar adelante los expedientes. «Si hasta ahora estábamos mal, con los tres días la situación será insostenible», manifiesta Salud Gil.
«¿Habrá medidas de control de la productividad? ¿Se van a exigir ratios de resolución de expedientes diarios? ¿Se van a controlar la cantidad y calidad del trabajo realizado?», son algunas de las preguntas que se hacen los contructores, que abogan por incentivos para los que cumplan los objetivos marcados.
Para Salud Gil, «lo que no puede ser» es que el Gobierno de Canarias antegan los «supuestos derechos» de los trabajadores publicos a teletrabajar al derecho de la ciudadanía a que se le atienda en tiempo y forma.
Salud Gil destaca que en el seno del Gobierno tanto Casimiro Curbelo (ASG) como Román Rodríguez (NC) ponen 'peros' al teletrabajo conscientes de que «quiebra derechos constitucionales en el acceso a los servicios públicos».
Los representantes de los trabajadores en la administración pública indicaron ayer que «no es de su agrado» la fórmula buscada por el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, respecto al decreto del teletrabajo y que pasa por alargar una año su plena implementación. «Esta disposición transitoria que incluye el decreto es una imposición que nos ha puesto de forma unilateral el Gobierno de Canarias y va a salir pero no es de nuestro agrado», indica el presidente de Sepca, Manuel González.
Según señala, las organizaciones sindicales «dan por válido» el decreto inicial, en el quelos tres días de teletrabajo se implementaban desde su publicación en el Boletín y sin plazos. Este texto se negoció en noviembre de 2022 en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos.
En cualquier caso, las organizaciones sindicales no tienen previsto movilizarse tras la aprobación del decreto que incluye la disposición transitoria y que se lleva hoy al Consejo de Gobierno, ya que es la única manera de que salgan adelante los tres días de teletrabajo. «Le hemos dicho al Gobierno que haga lo que tenga que hacer pero que saque ya el decreto», apunta González.
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