La reforma de pensiones, en manos del Gobierno tras el acuerdo parlamentario

27/09/2018

La reforma del sistema de pensiones está ahora en manos del Ejecutivo una vez que el Pacto de Toledo tiene encarrilado el acuerdo para unas recomendaciones que no son vinculantes, pero que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que asumirá.

La vuelta a la revalorización de la pensiones conforme a la inflación es uno de los compromisos del Gobierno socialista, que trabaja también en la mesa del diálogo social con patronal y sindicatos para tratar de hacer una reforma de las pensiones con el mayor consenso posible.

En las negociaciones con los agentes sociales no se vislumbran grandes avances, todas vez que CC OO y UGT se han quejado de que las propuestas esbozadas por el Ministerio de Trabajo en materia de ingresos no responden a las necesidades de una Seguridad Social deficitaria.

El secretario de CC OO, Unai Sordo, recordó este jueves que no solo hay que hablar de la revalorización, sino que hay que trabajar con urgencia en cómo mejorar los ingresos de la Seguridad Social, en tanto que el presidente de CEOE, Juan Rosell, ha abogado por que se llegue al máximo consenso también con los agentes sociales antes de acometer una reforma.

Reforma por ley

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha dicho que su departamento presentará una ley para reformar el sistema de pensiones cuando culminen los trabajos en el Pacto de Toledo y en el ámbito del diálogo social.

Entre tanto, ha explicado, se trabajará por fomentar la creación de más empleo y mejor pagado, así como por atajar el fraude a la Seguridad Social.

En el ámbito del Pacto de Toledo, los partidos ponen en valor que todos hayan cedido en la fórmula para la revalorización de las pensiones, que era lo que mantenía en punto muerto los trabajos de la comisión para renovar sus recomendaciones.

Sin embargo, no cabe duda de que el PP ha sido el que más ha renunciado, ya que el nuevo texto deja clara la crítica al índice de revalorización ligado al 0,25 % cuando la Seguridad Social está en déficit que aprobó el Gobierno popular en 2013 de forma unilateral.

Interpretaciones

De hecho, el portavoz del PDeCAT en el Congreso y veterano diputado en el Pacto de Toledo, Carles Campuzano, recuerda que el título de la nueva recomendación habla de "mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones" no de "equilibrio del sistema", base sobre la que se sustentaba la complicada fórmula del PP.

"La Comisión constata que el vigente índice de revalorización de las pensiones no goza del suficiente consenso político y social", puntualiza literalmente el texto.

Aunque la literalidad de la recomendación ha dado pie también a dos interpretaciones.

Por un lado la de los partidos más cercanos a la izquierda (PSOE, Unidos Podemos y ERC, más el PNV) que afirman que el texto pide recuperar el "consenso" de la recomendación segunda del año 2011, y no su contenido, con lo que las pensiones sólo subirían con el IPC real de forma "transparente", sin incluir otras variables.

Y por otro está la interpretación del PP y PDeCAT que entienden que la recuperación del consenso está vinculada al contenido de la recomendación de hace siete años, que abría la puerta a que el Gobierno pudiera meter otras variables como PIB y salarios siempre con acuerdo del diálogo social y del Pacto de Toledo.

Recursos financieros sin aclarar

Además, la nueva recomendación incide en que "la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora encaminada no a conservar, sino -cuando lo permita la situación económica y con la oportuna cobertura legal- a aumentar dicho poder adquisitivo", por lo que descarta que pudiera haber una merma en las pensiones en caso de que entraran otros parámetros.

El matiz que no aclara la recomendación es con qué "otros recursos financieros" se financiarán los incrementos de las pensiones que se produzcan por encima del IPC.

Precisamente este es la mayor discrepancia con ERC que en su texto alternativo quería dejar claro que fuera con aportaciones del Estado y no con préstamos a la Seguridad Social.

En lo que todos están de acuerdo en que estas recomendaciones no son vinculantes y será el Gobierno el que deba legislar.