El sector pesquero demanda a Bruselas un POSEI como el agrícola para 2023

El sector primario de Canarias vivió ayer una intensa jornada en el marco de la XXIII cumbre de las regiones ultraperiféricas (RUP). Primero los representantes del sector pesquero de las islas, junto a armadores y entidades comercializadoras y después, las asociaciones y entidades del sector agrario de Canarias se reunieron con el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y el consejero del área, Narvay Quintero, para cerrar y firmar una declaración que será remitida a Bruselas y en la que se quiere expresar la posición respecto a las políticas que implementará Europa para ambos sectores en 2021-2027.

El sector pesquero, tras analizar la situación en Canarias, plantea siete propuestas entre las que destaca la creación de un Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) para los asuntos marítimos y de pesca de las RUP «antes de finalizar 2023».

El sector demanda este POSEI para poder compensar los costes adicionales para los productos de la pesca y la acuicultura en las regiones ultraperiféricas, así como financiar medidas para el desarrollo de sostenible de la pesca y del resto del ámbito de la economía azul.

Asimismo, los pescadores de las islas abogan porque la concesión de ayudas públicas destinadas a la renovación de los buques pesqueros de las RUP se eleven hasta el 85%.

En cuanto a la nueva regulación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), en el que trabaja Bruselas, el sector pesquero canario reclama que no se reduzca el presupuesto actual, que se permita destinar fondos al establecimiento y modernización de pequeños astilleros y talleres de construcción y reparación naval y que se permita seguir destinando inversiones a mejorar las infraestructuras de los puertos pesqueros, entre otros.

Por lo que respecta al campo, el sector agrícola y ganadero exige que no se reduzcan en un 3,9% los fondos del POSEI -Canarias perdería 75 millones en el período 2021-2017- y que se mantenga en un 85% la contribución del Feader a los programas de desarrollo rural (Europa quiere recortarlo al 70%).

Demanda, además, que las RUP queden al margen de la llamada «condicionalidad reforzada», que vincula la concesión de ayudas al cumplimiento de normas como la rotación de los cultivos y la conservación de pastos, de difícil cumplimiento en Canarias al ser explotaciones intensivas -sobre todo en frutas y hortalizas- y pequeñas.

El sector exige también que la figura del «agricultor genuino» que se pretende implantar para la concesión de ayudas sea diferente en el continente que en las RUP. En estos territorios el reducido tamaño de las explotaciones exige ayudas para sobrevivir.