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El conflicto entre gigantes en el puerto de Las Palmas a cuenta del negocio de los coches continúa y suma un nuevo capítulo.
El CEO de Domingo Alonso y propietario de La Luz Autoport Terminal, inaugurada hace poco más de un mes y con capacidad para albergar a más de 6.000 vehículos en un edificio de seis plantas, ha planteado un recurso en la sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra la resolución del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas del pasado 24 de julio y por la que se aprobó la cesión parcial de uso de 1.000 metros cuadrados de la concesión del grupo Boluda en el puerto, de 173.480 metros cuadrados y destinada a terminal de contenedores (La Luz), a favor de Carcanarias Logistics.
Esta empresa, integrada por Boluda y Toyota Canarias, Grupo Ari y Grupo Cabrera Medina, inauguró hace un mes también un silo de coches en el puerto en competencia directa con el de Domingo Alonso, si bien las dimensiones y cualidades de uno y otro no tienen nada que ver.
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Sí ocurre que desde que se inauguraron ambos silos, la naviera Suardiaz, que trae los coches a las islas, atraca todas la semanas en la terminal de Boluda y desde allí, el grupo Domingo Alonso tiene que transportar hasta su terminal sus vehículos mediante jardineras y pago previo al primero. El coste es inferior al que tenía antes de que se levantara Autoport La Luz, ya que las campas de coches Domingo Alonso estaban fuera de la capital grancanaria, pero tiene un coste con el que no contaba antes de que sus competidores del motor y Boluda decidieran crear un silo que controla la entrada de los vehículos a la isla.
Domingo Alonso ha invertido 26 millones de euros en una terminal para 6.600 coches en más de 80.000 metros cuadrados y con todos los servicios para la puesta a punto de los vehículos.
Boluda junto a Toyota, Ari y Cabrera Medina ha puesto en marcha un silo de coches en el puerto, con capacidad para albergar 1.100 coches. La intención es que siga creciendo en capacidad.
El recurso presentado a finales de octubre por Domingo Alonso ha sido admitido a trámite. Antes de ir al recurso, Óliver Alonso presentó una demanda ante la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en la vía administrativa, solicitando a su presidenta, Beatriz Calzada, subsanar las irregularidades que entiende que existen en esta cesión de uso del terreno de Boluda a Carcanarias.
Alonso considera que los 1.000 metros cuadrados de la cesión de la terminal de Boluda para «la prestación del servicio de inspección y preparación de vehículos previo a la entrega» es una actividad industrial que difiere del objeto concesional originario y para el que fue concedida.
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El procurador que presentó el recurso de Óliver Alonso es Bonifacio Villalobos Vega, que actúa bajo la dirección del abogado Gabriel Araúz de Robles de la Riva, uno de los mejores aliados que podría encontrarse para plantear una batalla en materia portuaria. Es abogado del Estado en excdencia y conoce a la perfección el Puerto de Las Palmas, a cuyo consejo ha pertenecido.
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