Entre las conclusiones que arrojó la jornada sobre residencialización que se celebró hace unos meses en Maspalomas y que se ha recogido en un informe, se apunta al riesgo que tendría de aceptarse el doble uso -turístico y residencial- de los complejos turísticos para el mercado inmobiliario de las islas.
Según puso de manifiesto en la jornada el jurista Carlos Bethencourt, de flexibilizare el uso residencial en las zonas turísticas, como pretende la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y ampliamente criticada por los expertos, está el riesgo de que los inmuebles se revaloricen de forma sustancial y se proceda a la «venta masiva» a extranjeros para su uso residencial. De esta forma, además del la posible 'returistificación' se añade un segundo efecto a la residencialización, la 'revalorización & venta'.
Como se apunta en el informe, de autorizarse el uso mixto al que abre el ayuntamiento de San Bartolomé, «desaparece el freno legal de contención de la demanda por unidades residenciales» y destinadas a la jubilación, lo que podría precipitar una venta masiva durante los meses de negociación de la ley de residencia con la Unión Europea y con la que el Gobierno de Canarias pretende contener la compra de vivienda por extranjeros. «Esto aceleraría el proceso de residencialización y podría resultar justo en el efecto contrario al pretendido por la ley de residencia, que supuestamente sería frenar la venta de viviendas a foráneos», y en el que trabaja el Gobierno a través de la mesa de Reto Demográfico.
En este sentido, para los expertos que participaron en la jornada, precisamente establecer especialización de usos y restringir la residencialización es la mejor forma de «desincentivar» los flujos migratorios de población extranjera con fines residenciales y que se pretende conseguir con la ley de residencia. Actualmente la población residente en microdestinos turísticos es en un 53% extranjera, llegando a alcanzar en municipios como Adeje una tasa del 72,5%. Si se aprueba el uso mixto de los complejos, el valor de las viviendas aumentaría y según los expertos, serían extranjeros los que adquirirían la mayor parte de esos pisos.
En cualquier caso, como deja claro el informe, permitir el uso residencial de complejos turísticos no puede ser la solución para dar respuesta a la emergencia habitacional que sufre el archipiélago. Los expertos que participaron en estas jornadas concluyen que la residencialización solo tiene un efecto y es la pérdida de competitividad y de ingresos económicos para Canarias en términos de empleo y de riqueza. «No tiene lógica restar unidades turísticas con alto valor añadido para destinarlas al uso residencial permanente por una situación de emergencia habitacional», teniendo en cuenta además que muchas de esas viviendas podrían ser adquiridas por foráneos.
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