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Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 4 de junio 2024, 23:02
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En el procedimiento concursal de la empresa Hermanos Santana Cazorla SL, ahora ya en fase de liquidación, se encuentran inmersos catorce acreedores, un listado que incluye a diversas administraciones públicas, entidades financieras, mercantiles del ámbito turístico y de servicios, empresas de otros sectores y particulares.
El montante de la deuda reconocida en ese procedimiento es de algo más de 200 millones de euros, según fuentes vinculadas al proceso judicial. A esa cantidad hay que añadir un mínimo de 80 millones en el concurso de Mar Abierto, mercantil que opera los hoteles del grupo Santana Cazorla en Taurito.
Como adelantó este periódico, el Juzgado de lo Mercantil número 1, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, acordó el pasado 31 de mayo abrir la fase de liquidación del procedimiento concursal y proceder a la disolución de la empresa, tras no presentarse convenio de acreedores dentro del plazo fijado.
El listado de acreedores es el siguiente: la empresa Isla Marina; el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa); Banco Sabadell; la Mancomunidad Residencial Pino II; María de los Ángeles García; Asefa SA Seguros y Reaseguros; Caixabank; Residencias Canarias; Voyager UK; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; María del Carmen Goñi; Pablo Rafael Borras; la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Canarias.
El juez Alberto López acordó, de acuerdo con la legislación concursal, la suspensión de Hermanos Santana Cazorla SL en el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre los bienes y derechos que integran la masa activa; la disolución de la propia mercantil y el cese de sus administradores o liquidadores, que serán sustituidos por la administración concursal; el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados si los hubiera y la conversión en dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones; y la publicación de la resolución judicial en el Registro Concursal Pública y en el Tablón Edictal Judicial Única, así como inscribir en el Registro Mercantil la apertura de la fase de liquidación.
Todo ello está sujeto al posible de recurso de resposición que puede interponer la empresa, pero que carece de efectos suspensivos. Asimismo cabe recurso de apelación.
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En paralelo, el Juzgado de lo Mercantil número 1 inadmitió la propuesta ordinaria de convenio para la empresa también en concurso Mar Abierto SL, filial de Santana Cazorla que controla los hoteles de Taurito. Según fuentes judiciales, esa decisión será previsiblemente el paso previo para la apertura igualmente de la fase de liquidación de dicha mercantil.
En ese procedimiento son quince los acreedores reseñados en la resolución judicial: Project Quail SLU; el Fogasa; Alejandro Valido; la Sareb; el Ayuntamiento de Mogán; Promociones Isla Verde SA; Banco Santander; la Agencia Estatal de la Administración Tributaria; IFA Canarias SL; Isla Marina SL; Etika Food Canarias SL; Frutas y Verduras Gutiérrez SL; Banca Marcha; Cognitive Corporate Finance SL CCF; y la Tesorería General de la Seguridad Social.
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