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El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado abrir la fase de liquidación de la empresa Hermanos Santa Cazorla, después de que no se presentara ninguna propuesta de convenio dentro del plazo legal.
De la misma forma, ha inadmitido la propuesta de convenio presentada por Mar Abierto SL, la empresa también propiedad de los hermanos Santana Cazorla y dueña de hoteles de la cadena Paradise, que se encontraba en concurso de acreedores desde 2018, por la falta de legitimación adecuada en las firmas de los dos consejeros delegados de la compañía, una condición necesaria según la Ley Concursal.
El Grupo Santana Cazorla nació en San Bartolomé de Tirajana y sus líneas de negocio principales fueron la construcción, la gestión de hoteles, la promoción inmobiliaria y la venta de automóviles con la marca alemana BMW como referencia. Se convirtió en pocos años en uno de los referentes empresariales de las islas y ahora está cerrando uno de sus capítulos más negros con esta decisión adoptada por la autoridad judicial.
El procedimiento raíz de Hermanos Santana Cazorla SL comenzó en 2020 con la declaración de concurso de acreedores debido a una batería de problemas financieros que comprometían su supervivencia.
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La empresa se encontró sin capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras y se optó judicialmente por una administración concursal que tenía como único objetivo inicial buscar una solución viable que permitiera su continuidad mediante acuerdos con los acreedores.
En mayo de 2023, el Juzgado de lo Mercantil emitió un auto declarando finalizada la fase común del concurso y abriendo la fase de convenio. Esto significaba que era el momento para que la empresa y sus acreedores presentaran propuestas de reestructuración. Sin embargo, en octubre de 2023 no se había presentado ninguna propuesta viable dentro del plazo legal estipulado.
Ante la ausencia de propuestas de convenio, el magistrado Alberto López Villarrubia se ha visto ahora obligado a tomar una decisión drástica. Basándose en el artículo 340 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), el juez determinó que es necesario abrir la fase de liquidación de la compañía en una decisión adoptada de oficio y que implica la venta inmediata de todos sus activos para pagar a los acreedores.
El auto judicial, emitido el 31 de mayo de 2024 y notificado a las partes este lunes, incluye varios puntos clave: se ordena la apertura de la fase de liquidación del procedimiento concursal, seguido en virtud de la declaración de concurso de Hermanos Santana Cazorla SL; además, la autoridad judicial suspende al concursado en el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre sus bienes y derechos y el cese de sus administradores, que ahora estarán bajo la lupa de la administración concursal.
También ha declarado el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y ordenado la conversión de todas las deudas en dinero, facilitando así el pago a los acreedores.
Para garantizar que todo el proceso sea transparente, el auto judicial determina que se tendrá que publicar la resolución en el Registro Público Concursal y en el Tablón Edictal Judicial Único, y se inscribirá la apertura de la fase de liquidación en el Registro Mercantil correspondiente.
Entre los principales acreedores de Hermanos Santana Cazorla SL se encuentran entidades como Banco Sabadell, Caixabank, Asefa Seguros y la Agencia Tributaria. Estos acreedores ahora esperarán recuperar sus fondos a través del proceso de liquidación de los activos de la empresa.
El auto judicial también informa a las partes que tienen derecho a interponer un recurso de reposición en un plazo de cinco días, o un recurso de apelación en un plazo de 20 días.
En lo que respecta a Mar Abierto SL, el único consejero delegado que firmó la propuesta fue Bodegas Tirajana SLU, mientras que no se obtuvo la firma del otro consejero delegado, la mercantil 947 MSC Inversión Internacional SL
A pesar de que la autoridad judicial otorgó un plazo para subsanar esta falta, la empresa no logró cumplir con el requisito, lo que llevó al magistrado a inadmitir el convenio por no cumplir con las condiciones de tiempo, forma y contenido exigidas por la ley.
Ante esta situación, Mar Abierto SL se enfrenta ahora a la apertura de la fase de liquidación de sus activos, en caso de no presentar una nueva propuesta de convenio que cumpla con los requisitos legales.
Entre los acreedores están entidades como el Banco Santander, la Agencia Tributaria y Sareb.
Contra este auto, también notificado este lunes, la empresa tiene la opción de interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días, aunque sin efectos suspensivos sobre la resolución actual.
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