Las energías limpias abren una puerta a la inversión de ciudadanos

Los canarios podrán participar en los proyectos de renovables de Canarias a partir de 500 euros

Los ciudadanos canarios que decidan participar en el accionariado de los nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos que se pongan en marcha en las islas y a lo que obliga a partir de instalaciones de más de 2 megavatios (MW) la ley de Cambio Climático y Transición Energética, podrán hacerlo a partir de una inversión de 500 euros.

Sobre su aportación recibirán una rentabilidad similar a la que dé en ese momento Tesoro Público en las emisiones de deuda (actualmente en torno a un 3%). Esa rentabilidad se dará cuando los ciudadanos participen en los proyectos bajo la fórmula del crowdfunding mientras que si lo hacen de forma directa en el accionariado, los ciudadanos «asumirán pérdidas y ganancias y parte del riesgo». Será el promotor del proyecto el que decidirá si se participa en el capital social a través de crowdfunding o directamente.

Así se incluye en el borrador de la normativa que regulará la participación local en estos proyectos y en el que trabaja el departamento que dirige el consejero Mariano Hernández Zapata. El primer texto, que ya ha sido presentado a la Fecam y la Fecai, está siendo objeto de estudio para revisar, modificar e incorporar alguna de las alegaciones que fueron presentadas durante el período de consulta pública, que se cerró la semana pasada.

La participación local -ciudadanos y administraciones- en estos proyectos será como máximo de un 20% y se establecen límites en el número de participantes según la potencia: en aquellos de 2 MW y hasta 5 MW será 20 las personas físicas o jurídicas que participen; desde 5 a 8 MW, entrarán 30 personas y 40 en los de más de 8 MW. Para evitar que la participación social sea un inconveniente el borrador incluye que nadie pueda tener más de un 1% del accionariado.

Este borrador inicial está sujeto a cambios en función de las alegaciones que se han presentado en la consulta pública y las que tendrá en cuenta la Consejería. Sin embargo, desde Transición Ecológica, su consejero, Mariano Hernández Zapata, defiende la necesidad de esa participación ciudadana como forma de conseguir que la sociedad acoja los proyectos de renovables en un momento en el que el rechazo social es creciente tanto en las islas como en el resto del país. «Cada vez hay más protestas sociales y hay que hacer lo posible para que el ciudadano lo acepte. Si ve que tiene un beneficio en el proyecto y un conocimiento sobre el mismo lo va a aceptar mejor», manifiesta.

De hecho, el borrador obliga a que el proyecto tenga dos presentaciones públicas en detalle, una de ellas en el propio municipio donde se va a instalar.

Entre las alegaciones presentadas, la Fecam ha solicitado que primero se oferte la entrada en el capital a las administraciones públicas y en segundo término a los ciudadanos, algo que aún no se ha decidido. Tampoco se ha incluido, aunque se valora, que el canon rústico que cobran los ayuntamientos por los proyectos se pueda canjear por participaciones, algo que ayudaría al desarrollo de las inversiones.

El borrador incluye medidas para evitar la picaresca y así prohibe que se instalen tres parques o cuatro en una misma zona de 0,5 MW para evitar las obligaciones de participación social que implican los de más de 2 MW. ES decir no se puede dividir un parque para escapar a las obligaciones. También se tendrá en cuenta las hibridaciones y repotenciaciones de parques existentes, para que se tenga en cuenta el total de la potencia y, en caso de superar los 2 MW, revisen su accionariado para dar cabida a la participación social. Este aspecto también podría ser objeto de modificación dadas las alegaciones que se han presentado en este sentido.

El consejero del área Mariano Hernández Zapata afirma que esta regulación es «pionera» porque entra en el detalle y establece cómo deben presentarse los proyectos en el territorio. En otras comunidades autónomas hay fórmulas similares, como en Baleares, Cataluña, Navarra y País Vasco, pero hasta la fecha nadie ha entrado a regularlo y legislarlo.

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