Canarias regulará los pisos turísticos como forma de atajar la creciente turismofobia

En el caso de Canarias, los problemas que «se pretenden solucionar» con la nueva normativa -para cuya redacción se están celebrando reuniones con la ciudadanía al fin de que sea lo más consensuada posible- es acabar con la «gentrificación y turisficación» que se está registrando en numerosos núcleos de población de Canarias y que es consecuencia del «incremento exponencial del cambio de uso de viviendas del ámbito residencial al ámbito turístico». Así lo recoge el informe para la consulta pública previa relativa a la ordenación, mediante norma con rango de ley, del uso de viviendas públicas.

Actualmente, hay inscritas 47.051 viviendas turísticas en las islas con 195.532 plazas. Solo en los últimos dos años se han inscrito 9.000 más y el fenómeno va en aumento. La turisficación de los núcleos residenciales está derivando, a su vez, según el informe del Gobierno de Canarias, en la turismofobia que se encuentra «en una fase de desarrollo importante en muchos núcleos de población donde la ciudadanía residente se siente desplazada y marginada por la proliferación de viviendas vacacionales».

El Gobierno de Canarias entiende además que la «masiva» proliferación de viviendas turísticas al intenso ritmo que lo está haciendo (supone ya un 33% de la oferta alojativa de Canarias) va en dirección contraria a la «limitación radical» del crecimiento de la planta turística de las islas y que desde el año 2001 está limitada por la moratoria. El informe apunta que la moratoria pretendía situar en gran parte de su vigencia «un crecimiento cero» a la planta turística para permitir nuevos establecimientos en función de la normativa turística. «Se pone de manifiesto la ncesidad de intervenir establecimiento límites al uso turístico de las viviendas», se apunta.

Además, como se recoge en el informe, la implantación masiva del alquiler vacacional se ha hecho no solo al margen sino en contra del planeamiento urbanístico y territorial, «desvirtuando y desmoronando el modelo de desarrollo urbano democráticamente aprobado por la ciudadanía y en ausencia total de planificación turística». A juicio del Gobierno de Canarias, su proliferación está poniendo en riesgo el futuro inmediato del empleo, la fiscalidad, la competitividad y la calidad del sector turístico en Canarias.

Los problemas que genera el alquiler vacacional no terminan aquí, como apunta el citado informe. Otra de las consecuencias de su proliferación y del desplazamiento de la población residente de los núcleos tradicionales y de las zonas más próximas a la actividad turística es que los trabajadores tienen que vivir cada vez más alejados de los centros de trabajo. Esto eleva las necesidades de transporte y en consecuencia, incrementa la huella de carbono por la proliferación de emisiones derivadas de los desplazamientos.

Finalmente, el informe apunta a otro «efecto colateral» y es que la proliferación de vivienda vacacional afecta y va en perjuicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. «Esta perspectiva tiene que estar muy presente a la hora de las decisiones que adopten los poderes públicos», se indica en el informe, en el que se asegura que los pisos turísticos provocan escasez de oferta de vivienda de alquiler «y la consecuente imposibilidad de emplazamiento adecuado para la residencia habitual de todas aquellas personas que desean optar a una ocupación o empleo en el sector turístico».

Desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) se viene rechazando todos estos argumentos y se asegura que ellos no son responsables de la falta de vivienda y que lo que debe hacer la administración es busca incentivos para que salgan al mercado los más de 211.000 pisos vacíos que hay en las islas.