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Canarias ha dado un «importante paso» para vetar a las empresas privadas dispuestas a hacer trabajos por menos dinero a costa de sacrificar las condiciones laborales de sus trabajadores. La Unión General de Trabajadores (UGT) no ha parado en Canarias hasta lograr el apoyo político necesario para que las empresas que opten a concursos públicos deban aplicar a sus trabajadores, como condiciones laborales mínimas, los convenios sectoriales propios de su actividad económico.
Esta medida «pondrá freno a los despropósitos cometidos por las empresas piratas, que realizan ofertas agresivas a la Administración, a costa de las condiciones laborales de sus plantillas», expone la secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT) en Tenerife, Estefanía Santos,
Así se recoge en el apartado de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018 en el que se definen no solo las condiciones especiales de ejecución de los contratos de carácter social durante 2018, sino las condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas en la contratación administrativa del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Santos recuerda que estas condiciones serán de obligado cumplimiento en la Administración pública de la Comunidad canaria, los cabildos, los ayuntamientos, y todas las entidades y sociedades públicas dependientes, e impedirán la entrada de empresas como «Seguridad Integral Canaria». La empresa de Miguel Ángel Ramírez experimentó un fuerte crecimiento la pasada década gracias a los precios que ofrecía en las licitaciones de concursos públicos de seguridad, convertidos prácticamente en subastas a la baja.
SIC pudo competir con estas ofertas ganadoras tras la última reforma laboral de 2012, que le permitió descolgarse del convenio nacional del sector y pactar un acuerdo de empresa con salarios sustancialmente inferiores.
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT Canarias), destaca Santos, lleva meses trabajando, reuniéndose con todos los grupos parlamentarios, para impulsar medidas como estas, que garanticen el respeto a los derechos laborales del personal que presta servicios a las Instituciones públicas.
La disposición de la ley de Presupuestos aprobada recientemente determina que las empresas deberán aplicar el convenio sectorial que le corresponda por su actividad económica y su ámbito territorial, o bien un convenio de empresa que mejore dichas condiciones laborales. En definitiva, no se podrá aplicar convenio alguno por debajo del sectorial, práctica habitual en las denominadas empresas piratas. Los pliegos de condiciones recogerán, necesariamente, que las empresas tendrán que mantener a todo su personal.
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