La Cámara valida las medidas de vivienda que darán respuesta a miles de canarios

El acceso a la vivienda es una problemática «principal para los canarios y canarias», según destacó el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez durante su intervención en el pleno celebrado este miércoles.

Este decreto ley, formado por 30 artículos, tiene como propósitos «incrementar la disponibilidad del suelo» o «utilizar edificaciones no terminadas» para destinarlas a crear vivienda, entre otros. También contempla medidas que «promoverán y facilitarán la construcción de vivienda protegida» y se «agilizará y simplificarán los trámites administrativos relacionados con la construcción y acceso a la vivienda pública», explicó Rodríguez.

El consejero de Obras Públicas señaló que el decreto «no vulnera la autonomía local» y que la propia Federación Canaria de Municipios lo ha defendido, destacando el respaldo de los ayuntamientos sin importar su «color político».

Además de las cuestiones planteadas en el decreto ley, el consejero anunció que se va a crear el Observatorio de la Vivienda en Canarias, en el que se van a analizar las medidas que se pondrán en marcha y se recogerán datos sobre el estado de la situación.

Por otro lado, se está trabajando en «una bolsa de vivienda vacía para actuar sobre las 200.000 que hay» en las islas. Con esto se pretende «fomentar que los propietarios las incorporen a la bolsa pública». Además, se impulsará «la hipoteca joven canaria para dar respuesta» a las dificultades que tiene la juventud para acceder a un inmueble.

La diputada del PSOE Patricia Hernández argumentó que esta medida es «una chapuza» que tiene en cuenta «los intereses de los de siempre». Por otro lado, valoró que el decreto no garantiza si las medidas «son viables» y que su éxito «no se medirá por las viviendas que se construyan». Así, opinó que el decreto ley «no va a solucionar la emergencia habitacional» y no pone el punto de mira en «la verdadera emergencia: las personas».

Por su parte, el portavoz de Nueva Canarias - Bloque Canarista, Luis Campos, declaró que el decreto «no soluciona el problema de la vivienda protegida y de la vivienda social», ya que consideró que esta medida «favorece la especulación inmobiliaria y el negocio».

En este sentido, opinó que se trata de una negociación con «un único interlocutor: el inmobiliario» y que se hizo «en un chalet con piscina»en la que no se ha tenido en cuenta «a los cabildos, ayuntamientos y ciudadanos».