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Los consejeros de la industria canaria JSP mantuvieron ayer un largo y tenso encuentro en Gran Canaria dirigido a perfilar los detalles de la solicitud de concurso de acreedores que se presentará previsiblemente este viernes ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas, si bien no se descarta que se puede hacer el mismo lunes, 4 de julio, cuando expira el plazo para realizarlo.
Los consejeros, que se encuentran totalmente divididos, sí comparten un objetivo: tratar de llegar antes del concurso a un acuerdo con uno de los dos fondos interesados en la empresa -Hiperion y Quantum- y con la banca acreedora -Banco Santander, CaixaBank y Sabadell, fundamentalmente- para facilitar el proceso. Se trata de llegar al concurso con un plan que evite que la empresa se despiece y se venda por separado en subasta al mejor postor. De esta forma se garantizaría la permanencia de JSP, una industria histórica de Canarias y con 57 años de historia.
Preconcurso El 3 de marzo JSP presentaba el preconcurso de acreedores con la firma convicción de evitar el concurso.
Escollo Desde el minuto cero hubo fondos interesados en entrar. El primer escollo fue la quita bancaria, que se superó.
Fondos El primer fondo se retiró. Luego aparecieron otros como Hiperion y Quantum pero no se cerró un acuerdo final.
División En medio del proceso se puso en evidencia las diferencias entre los consejeros y sus intereses contrapuestos.
Sobre esta premisa, compartida por los consejeros, empiezan las diferencias que pasan hasta por cuál de los dos fondos de inversión interesados es más conveniente para JSP y su futuro.
Fuentes cercanas apuntan que mientras la familia Sánchez es más partidaria del fondo español Hiperion, el consejero delegado, Manuel Márquez, y representante en el consejo de administración de la empresa por la banca, es más proclive a los inversores vinculados al alemán Quantum. «Hiperion es más agresivo mientras que Quantum tiene conocimiento y experiencia en el sector lácteo y está más en línea con los intereses de JSP», apuntan fuentes cercanas.
Antes de que se presente el concurso de acreedores debe celebrarse un consejo de administración para aprobar la solicitud y que ayer aún no se había convocado. La fecha y la hora corresponde ponerla a Sabino López, que se sienta en el consejo de administración en representación de la familia Sánchez.
Mientras la empresa camina hacia el concurso de acreedores los 500 trabajadores de JSP no se resignan y reclaman al Gobierno garantías para la plantilla. Son conscientes de que en el proceso concursal JSP se someterá a una reestructuración que no solo afectará a la deuda -de 64 millones de euros- sino que se extenderá también sobre el empleo. Sin embargo, rechazan que ésta sea a cualquier precio.
«Si tiene que amortizarse algún puesto de trabajo que se haga pero con todas las garantías y que los trabajadores perciban lo que les corresponde. No se puede querer aliviar la carga de esta empresa a cuenta del Fogasa», apunta el presidente del comité de empresa de JSP, Ángel Yánes, que recuerda que si hay inversores que están interesados en hacerse con la industria canaria es porque la empresa «es viable» y a corto o medio plazo se puede ganar dinero con ella.
Las plantillas han convocado una huelga para el viernes y ese día comenzarán con las movilizaciones que seguirán el sábado frente a las sedes de Presidencia del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Yánes advierte que «si no hay salidas dignas» irán a reclamar responsabilidades al Gobierno de Canarias, al que desde hace meses le han pedido una apuesta firme y mediación para tratar de salvar JSP y los 500 empleos.
De cerrarse un acuerdo antes del concurso con uno de los fondos, éste ha de hilar fino para evitar que su entrada en la industria canaria sea con un fuerte conflicto laboral. Los trabajadores tienen claro que defenderán «lo que es suyo», según Yánes.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se mostró ayer «muy preocupado» por la situación que atraviesa JSP que, en los próximos días y antes del 4 de julio, solicitará al juzgado de lo Mercantil 2 de Las Palmas el concurso de acreedores.
Sin embargo, se mostró confiado en que las negociaciones que la empresa está manteniendo con posibles inversores lleguen a buen puerto para que la empresa no termine, una vez entre en proceso concursal, en su liquidación y pueda seguir adelante aunque en otras manos. «Nos preocupa su situación y la del empleo porque es una empresa señera de Canarias», indicó Torres, quien abogó por «dejar seguir trabajando a los equipos negociadores».
«Hay que dejar trabajar a los equipos negociadores», recalcó el presidente del Gobierno de Canarias. Según indicó, el Ejecutivo regional va a dar todo su apoyo a JSP «de igual manera» que a cualquier empresa de Canarias. «Todas nos importan y todas son relevantes», manifestó.
Torres señaló que el Gobierno de Canarias se había involucrado en la búsqueda de soluciones en los últimos cuatro meses -JSP presentó el preconcurso el 3 de marzo- con un trabajo «silente, no público, de respeto» y sin generar falsas expectativas. Y recalcó la necesidad de dejar trabajar a los negociadores que en la fase final previa al concurso están tratando de atar la entrada de un único grupo inversor que se haga con toda la sociedad e invierta con el objetivo de relanzarla. La elevada deuda de JSP, con 64 millones de euros de deuda en 2019 (a cierre de 2020 será superior) ha dificultado la entrada de un inversor previa al concurso. Con él por medio la carga financiera se aliviará de forma sustancial.
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