Bruselas ajustará las promesas electorales de bajar los impuestos y extender el gasto

Bruselas pedirá al futuro presidente del Gobierno contención tanto a la hora de incrementar las partidas de gasto como a la hora de llevar a cabo una rebaja generalizada de impuestos. Prima, de nuevo, cumplir con los objetivos fiscales de la UE. Y la cuadratura del círculo, por muchas promesas que los grandes partidos suelten durante las próximas semanas de campaña, será el mayor ejercicio de complejidad que asumirá el futuro Ejecutivo.

Uno de los primeros desafíos para el nuevo Gobierno serán los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En principio, habría plazo suficiente para contar con una nueva hoja de ruta antes del 1 de enero de 2024. Pero el cambio de Ejecutivo hace prever un análisis exhaustivo de la vía tributaria actual, sobre todo teniendo en cuenta que ya en 2024 España se enfrentará al regreso de las reglas fiscales de Bruselas, con quien se ha comprometido una reducción del déficit al 3% -desde el 4,8% con el que cerró 2022- ya en 2024, un año antes de lo previsto.

Para 2023, el recorte planteado es de hasta el 3,9%. «El ajuste para cumplir ese objetivo ya es de unos 9.000 millones de euros. De ellos, unos 5.000 millones se ajustarían automáticamente por el efecto del crecimiento», explica María Jesús Fernández, economista senior de Funcas. Si se tiene en cuenta la rebaja adicional de otras nueve décimas al año siguiente, la cifra rondaría en total los 18.000 millones de euros sumando los dos ejercicios, hasta alcanzar el objetivo del 3%.

El actual Gobierno confía en que la dinámica de la actividad económica y el exceso de recaudación (el año pasado terminó llenando las arcas públicas con 250.000 millones de euros, cerca de un 15% más de lo previsto) sostengan la senda de la consolidación fiscal a ojos de Bruselas. Pero al mismo tiempo parece difícil que se puedan aprovechar esos recursos extra para bajar impuestos. «Ahora mismo no hay mucho margen para recortar grandes figuras impositivas, aunque quizás sí algunos impuestos poco relevantes, pero con impacto mediático, como el de Patrimonio, Sucesiones...» de escasa repercusión recaudatorio, por las bonificaciones aplicadas en algunas comunidades autónomas.

En un reciente análisis, el IEE recuerda además que la mayor parte de los países de la UE (15 de 27) ni siquiera tienen Sucesiones. Y en OCDE el tipo medio es del 15%, muy alejado del 34% de España, «que puede llegar, en los casos más extremos, al 82%», explican desde la institución. La opción que ven más viable no es que se supriman, sino que se toquen los tipos mínimos de estos tributos cedidos a las autonomías.

La figura en la que se centran buena parte de las miradas desde que la inflación comenzó a escalar casi de forma imparable es el Impuesto de la Renta (IRPF) y, sobre todo, la posibilidad de deflactar la tarifa. Es decir, ajustar los tipos de gravamen del tributo a unos ingresos que se han visto impactados por la subida de precios. Para Diego Martín-Abril, ex-director general de Tributos del Ministerio de Hacienda, la deflactación del IRPF «es posible y sin ningún límite». Así lo indicó en un encuentro sobre fiscalidad organizado esta semana por REAF. Hasta ahora, solo un puñado de comunidades han aplicado esa medida. Pero haría falta completar con la parte del Estado.

Otras figuras sobre las que se puede actuar son las medioambientales. Los impuestos verdes se quedaron en el cajón de la reforma que inició la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque las directivas europeas obligarán a implantarlos. Así lo recorcó en el encuentro de REAF Begoña García Rozado, exsubdirectora en Hacienda y actual directora global fiscal de Iberdrola, al indicar que «quien contamina paga». «No puede ser que haya sectores que generen energía con renovables no contaminantes y los productos sean más caros que los que usan fuentes contaminantes», afirma.

Desde Funcas consideran que «si el nuevo Gobierno quiere bajar impuestos, esperará al final de la legislatura». Sobre todo porque esa revisión impositiva solo podrá llevarse a cabo si se acompaña una significativa reducción del gasto. «Para ello, se necesita un replanteamiento del papel del Estado, de muchas de sus políticas de intervencionismos, una reorganización completa del personal de la Administración», explican los analistas, eliminando de este cálculo servicios básicos como como sanidad, seguridad, etc. María Jesús Fernández apunta directamente al replanteamiento de la última reforma de las pensiones, «ya que con pequeños recortes por aquí y por allí no se puede rascar lo suficiente como practicar una rebaja significativa de impuestos».

La revisión del gasto público es una de las demandas de los fiscalistas, tal y como afirma Begoña García Rozado. «Hasta que no llegas al Gobierno y ves las cifras internas, todo es elocubrar». Considera que «hay que hacer una revisión que sea mucho más riguroso y hay que ajustarse al tope de ingresos que tienes» y no al revés, en uno de los grandes consejos fiscales para el futuro responsable de Hacienda.