La presidenta del BCE, Christine Lagarde. / BCE

El BCE avisa al Gobierno de que el nuevo impuesto a la banca afectará a los clientes

La entidad europea pide a España un «análisis exhaustivo» de la nueva norma que teme ponga en peligro la estabilidad financiera y el crecimiento económico

OLATZ HERNÁNDEZ | CRISTINA VALLEJO

A pocos minutos de que comenzara en el Congreso el debate de totalidad de la proposición de ley de Unidas Podemos y del PSOE para establecer gravámenes temporales sobre el sector energético y el financiero, el Banco Central Europeo hacía pública su opinión crítica sobre el diseño de la norma con que los grupos parlamentarios que dan soporte al Gobierno pretenden gravar los ingresos extraordinarios de los bancos en particular.

Y la contundente letra de ese documento, que apenas habían tenido tiempo de leer los diputados, estuvo sobrevolando durante toda la sesión parlamentaria en la que se discutía la única enmienda a la totalidad presentada a los nuevos tributos, la de Ciudadanos. A pesar de la batalla que han plantado tanto el PP como Vox en materia tributaria al Gobierno, ninguno de esos dos grupos han elaborado enmiendas a la totalidad. A la hora de votar la de Ciudadanos, los populares se abstuvieron, mientras que Vox sí respaldó la enmienda.

El BCE, en su dictamen, pidió al Gobierno un «análisis exhaustivo» del nuevo gravamen sobre la banca para evaluar sus «posibles consecuencias negativas» para que «no plantee riesgos para la estabilidad financiera» ni para la concesión de crédito. En este sentido, el organismo advierte de que los tributos sobre los bancos pueden mermar su resiliencia a las perturbaciones económicas, lo que puede limitar su capacidad de conceder créditos, lo que a su vez afectaría negativamente al crecimiento económico.

El Eurobanco también señala algunos déficits en el diseño del tributo: no contempla todo el ciclo económico ni valora los gastos de explotación ni el coste del riesgo de crédito. Por ello, el tributo, avisa el ente que preside Christine Lagarde, podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades de crédito, al tiempo que apunta que aquellos bancos que no se ven directamente beneficiados por las condiciones actuales del mercado podrían ser menos capaces de absorber los riesgos asociados a una eventual recesión económica.

El documento hace referencia además a que espera que las entidades de crédito, «de conformidad con las buenas prácticas internacionales, tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales». En definitiva: el BCE da por hecho y justifica que los bancos trasladarán a los clientes el coste del nuevo gravamen.

El informe dio munición a la diputada de Ciudadanos que defendió la enmienda a la totalidad, María Carmen Martínez Granados, que recriminó al Gobierno no haber esperado al dictamen del BCE, que tachó la propuesta de «chapuza» y que advirtió contra la posibilidad de que PSOE y Unidas Podemos introduzcan el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas a través de una enmienda al texto que ahora se tramita en el Congreso. Ciudadanos emplazó al PP a pronunciarse, pero el portavoz popular, Gabriel Elorriaga, apenas concedió que el texto de la enmienda de los naranjas era «menos malo que el original» y le denegó su apoyo. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, exigió, taxativa, que el Gobierno retire el impuesto a la banca tras el «contundente» informe del BCE y alertó del riesgo que supondría para la economía española seguir adelante con esa medida.

En las filas socialistas, el diputado Pedro Casares siguió en defensa de los dos gravámenes: argumentó que esos dos tributos temporales con que las entidades financieras y las energéticas contribuirán al esfuerzo colectivo supondrán ingresos por 3.500 millones que «ayudarán a quienes más lo necesitan». La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por su parte, restó trascendencia a la opinión del BCE y avanzó que el Gobierno no se plantea cambios sobre la tramitación de la proposición de ley.

El resto de los grupos aliados del Gobierno anticiparon enmiendas parciales a los tributos, algunos, como ERC, para que se conviertan en permanentes.