La presidenta de la JUR, Elke König. / efe

König reconoce que tenía indicios de los problemas del Popular desde 2014

La presidenta de la JUR niega ante la Audiencia Nacional que sus palabras sobre la situación del banco influyeran en el desplome de su cotización

C. A. / agencias
C. A. / AGENCIAS Madrid

La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional por el 'caso Popular'. Aunque no ha aportado grandes novedades, sí ha reconocido que el organismo tenía desde 2014 indicios sobre los problemas que afrontaba la entidad entonces todavía presidida por Ángel Ron.

Sin embargo, se ha mantenido firme al rechazar que sus declaraciones a Bloomberg (y posteriores filtraciones a Reuters) a mediados de mayo de 2017 asegurando que la JUR vigilaba de cerca al banco no tuvieron nada que ver con el posterior desplome de su cotización, que derivó poco después, en la madrugada del 6 al 7 de junio, en su resolución y posterior adquisición por parte de Banco Santander. Por el medio, miles de accionistas y tenedores de bonos atrapados en unas pérdidas que aún se dirimen en los juzgados.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, König ha evitado dar respuestas demasiado detalladas al juez José Luis Calama, durante una intervención que se ha extendido casi tres horas.

De hecho, la presidenta de la JUR se ha escudado en que en su entrevista no se refirió en ningún momento a ninguna entidad en concreto, sino a varios bancos que se estaban monitorizando en ese momento. Además, ha mostrado ante el juez su seguridad en que la información no fue filtrada por ningún miembro de su equipo, recordando que, aun así, la JUR ya abrió una investigación interna para esclarecerlo.

En su declaración, realizada a través de una videoconferencia, la funcionaria también ha recordado que, de no ser por la oferta de Banco Santander (que se hizo con Popular por el valor simbólico de un euro), el impacto para los afectados habría sido peor, pues no solo habrían perdido sus inversiones, sino que las oficinas de la entidad no hubiesen podido abrir provocando un colapso para la retirada de dinero.

El caso cierra así una declaración que, por muy esperada, no ha logrado exprimir la información pretendida. Ahora, los afectados tienen su próxima fecha en rojo en el calendario judicial el próximo 14 de octubre, cuando el exdirector de planificación de la resolución, Dominique Laboureix, acuda a declarar.

Calama sitúa a Laboureix como el directivo que gestionó directamente la resolución del banco. Además, su testimonio podría esclarecer cuestiones sustanciales de dicho proceso, así como proporcionar información sobre las filtraciones a la agencia Reuters. Una declaración que se ha aplazado por segunda vez, tras el anterior retraso del pasado 22 de julio.