El Gobierno amplía las ayudas hipotecarias a rentas de 38.000 euros con la banca en contra

Finalmente, el Gobierno ampliará de 25.200 a 38.000 euros el umbral de renta anual para acceder al nuevo Código de Buenas Prácticas que se puso en marcha hace casi un año, con medidas como la congelación del tipo de interés durante 12 meses o la extensión del plazo de amortización de hasta siete años.

Al encuentro asistieron las principales patronales del sector, AEB y CECA, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que han 'tragado' con la medida a regañadientes, al considerarla completamente «innecesaria». Entre otras cosas, porque las entidades ya cuentan con alternativas como las renegociaciones o las amortizaciones anticipadas -disparadas este año- para ayudar a sus clientes.

Además, las cifras ya evidencian la escasa acogida que las ayudas han tenido hasta ahora, en un entorno en el que la resistencia del mercado laboral ha permitido a las familias seguir pagando sus préstamos pese al rápido repunte del euríbor. Calviño detalló que la banca ha recibido 55.000 solicitudes de adhesión hasta septiembre. Pero el Banco de España ya explicó que, de esa cifra, apenas un 10% habían recibido el visto bueno definitivo de las entidades.

La propia vicepresidenta reconoció el lunes que el objetivo es «crear una red de seguridad, aunque la mejor noticia es que las familias no necesiten medidas de alivio». La previsión es que, con los cambios acometidos, estas ayudas lleguen a unos 100.000 hogares.

Dentro del acuerdo con la banca, el Gobierno también ampliará durante 2024 la suspensión de todas las comisiones de amortización anticipada de hipotecas a tipo variable, así como la conversión a tipo fijo de los préstamos.

En este punto, se ha llegado a un importante pacto para extender la gratuidad de las conversiones de tipo variable a tipo mixto. Algo que los representantes de los usuarios financieros venían reclamando desde hace meses, pues este tipo de hipotecas se habían convertido en la principal alternativa a los tipos variables en los últimos meses, con un elevado coste por el cambio.

«Una vez que finalice esta medida se extenderá el techo permanente del 0,05% que limita las comisiones aplicables a cambios de hipotecas de tipo variable a fijo, de forma que incluyan también los cambios a hipotecas a tipos mixtos», añaden desde el Ministerio de Economía.

En un momento de extrema tensión con el sector por el futuro del impuesto sobre los beneficios extraordinarios, el Gobierno también anunció que prohibirá por ley eliminar antes de final de año de las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla a los mayores de 65 años. Una medida que, por otro lado, ya aplican prácticamente todos los bancos.

Desde la patronal confirman que no se ha hablado del polémico gravámen, que tantas tensiones ha creado incluso entre los socios de coalición. El sector defiende que la perspectiva de bajada de los tipos de interés el próximo año debería implicar la eliminación del tributo, pues las entidades ya no se beneficiarán de ese entorno.

«Cuando los tipos eran negativos, no nos compensaron de ninguna manera. A los inversores les da la sensación de que cada vez que la banca gana más, les meten la mano en la cartera», critican desde una entidad financiera nacional.

Preguntada por esta cuestión, Calviño insistió en que «no hay ninguna novedad» en la revisión del impuesto que avanzó el pasado viernes, así como que esta revisión «está alineada con el acuerdo de Gobierno» entre PSOE y Sumar.

El director general de CECA, José María Méndez, ha recordado que la postura del sector es que el impuesto «puede tener efectos contraproducentes» en términos de empleo y crédito. Asimismo, que figuras fiscales de este tipo deberían ser armonizadas en el ámbito europeo. «Va en el camino contrario de la Unión Bancaria», ha subrayado.

En esta línea se ha expresado la directora general de la AEB, María Abascal, que ha explicado que nadie ha informado a las patronales «de ninguna modificación ni de ningún cambio».

Abascal ha recordado que el tributo está recurrido por las propias entidades y las asociaciones bancarias, y ha insistido en que «supone menos crédito para la economía» y que penaliza a los inversores minoristas.