CaixaBank recibe 8.246 solicitudes de adhesión al ERE

La cifra se acerca, y mucho, a los 8.291 despidos que el banco resultante de la fusión con Bankia planteó en un principio. Una cifra duramente criticada no solo por los representantes de los trabajadores, sino por la sociedad en general y el propio Gobierno, que presionó desde el inicio de las negociaciones para que la entidad rebajase sus aspiraciones de ajuste iniciales.

Las solicitudes para acogerse al ERE también han sobrepasado todas las previsiones para la recolocación en filiales de los trabajadores. En concreto, el acuerdo alcanzado el pasado 1 de julio entre entidad y sindicatos estableció un total de 708 recolocaciones en empresas filiales del Grupo.

Las personas que finalmente vayan a una filial, lo harán mediante la fórmula de excedencia especial de grupo regulada en CaixaBank y tendrán opción de volver al banco, si así lo desean, transcurrido un plazo de cinco años.

Según indican fuentes sindicales, serán estas unidades las que antes del 20 de septiembre transmitan a los empleados la decisión final, para comenzar el proceso de salidas a partir del cuarto trimestre del año, cumpliendo con los plazos previstos por CaixaBank.

Tras más de dos meses y medio de tensas reuniones, finalmente se llevarán a cabo 6.452 salidas, lo que implica casi el 14,5% de la plantilla del banco y 1.839 menos -un 22%- que las planteadas al principio de la negociación.

De esa cifra total, 4.902 (el 75,97%) corresponden a la red comercial y 1.550 (el 24,93%) a los servicios centrales y estructuras intermedias. La entidad calcula que el proceso conllevará además la integración de unas 1.500 oficinas.

Durante la última presentación de resultados de la entidad, el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, explicó que este proceso de ajuste implicará unas sinergias de al menos 940 millones de euros anuales, por encima de la previsión inicial de 770 millones de euros en sinergias.

Del mismo modo, el directivo recordó que el ERE tendrá un coste de unos 1.884 millones de euros, una cifra que implicaría una indemnización media por empleado de unos 292.000 euros.