El BBVA rechaza que su abogada declare en el 'caso Villarejo' y considera una «coacción» las presiones

La defensa del banco se acoge a la protección del secreto profesional de los abogados para impedir que, por ahora, estos altos cargos puedan responder a las preguntas de las acusaciones sobre los servicios de seguridad pagados durante 13 años (2004-2017) a una empresa del comisario jubilado José Manuel Villarejo, Cenyt, que recibió más de 10,2 millones de euros.

Fuentes jurídicas han señalado que en la vista celebrada este viernes el representante legal del BBVA, Adolfo Fraguas, ha alegado que es una «coacción difícilmente admisible» que se solicite interrogar a su abogado y entregar comunicaciones entre los juristas externos de la entidad y sus asistentes técnicos como requisito de colaboración con la Justicia, tal y como sostiene la Fiscalía (fue uno de los reproches que hizo al presidente Carlos Torres el pasado 16 de octubre).

Y es que el banco debía manifestar expresamente si dispensa del secreto profesional a María Jesús Arribas, la responsable del área jurídica, y que se acogió a esa obligación para no testificar en la causa, lo que en el juzgado se interpretó como muestra de que la entidad no colabora en la investigación.

A la citada vista de este viernes, que ha durado pocos minutos, han acudido el propio secretario judicial del juzgado, el responsable legal del banco y los representantes de la Fiscalía Anticorrupción. Otras fuentes consultadas señalan que más adelante se celebrarán otras comparecencias con el objetivo de estudiar cómo se extraen los correos internos que piden ser examinados de los informes periciales.

Fraguas leyó en el juzgado que «en ningún caso la colaboración puede suponer que se exija a la persona jurídica investigada que releve del deber de secreto a sus abogados, ni que renuncie al derecho a comunicarse con sus abogados o estos con sus asistentes técnicos requiriéndole para que aporte las comunicaciones entre los mismos o el producto de su trabajo».

Su escrito añadió que la «doctrina autorizada considera que no es admisible que, como condición de colaboración, se exija a la persona jurídica investigada tales renuncias, pues ello puede comportar un 'importante grado de coacción difícilmente admisible'». «Semejantes renuncias no pueden convertirse en la vara de medir de la colaboración», concluyó.

Cabe recordar que, en el auto por el que acordó la celebración de esta vista, el magistrado dejó sin efecto la declaración como testigo del presidente del BBVA, Carlos Torres, por haberse acordado fuera del plazo de vencimiento de la instrucción de la pieza separada. La Sala de lo Penal, entonces, resolvió la necesidad de celebrar la vista de este viernes en lugar de realizar un nuevo interrogatorio a Torres.

En concreto, los magistrados fijaron que la investigación debía concluir el próximo 29 de enero de 2024 y que las diligencias acordadas con posterioridad al auto por el que el juez decidió prorrogar la instrucción, el pasado mes de julio, quedaban sin efecto.