Aviso del Tribunal de Cuentas a Bruselas por los riesgos del Popular

En su informe sobre el Mecanismo Único de Resolución (MUR), el sistema de la UE que gestiona la «liquidación ordenada» de bancos inviables en la unión bancaria, estima que los responsables comunitarios han podido pecar de exceso de confianza en sus cálculos, además de quedar estos desfasados. Para 2019, la Junta Única de Resolución (JUR) –responsable del MUR junto a la Comisión Europea (CE), el Consejo y las autoridades nacionales– revelaba la existencia de pasivos contingentes por 2.047 millones de euros (con las últimas reclamaciones el importe recurrido llega a 3.143 millones), pero sus socios no apuntaron ninguno.

Esas provisiones se referían exclusivamente a los contenciosos abiertos contra las aportaciones previas ('ex ante') que los bancos pagan para financiar el Fondo Único de Resolución (FUR), del que Bruselas pretende que, como mínimo, alcance el 1% del importe de los depósitos con cobertura en la unión bancaria al final de 2023, lo que supondría 70.000 millones de euros. En julio de 2020 (últimos datos) se aproximaba a los 42.000 millones.

Ese dinero sale de las arcas de más de 3.000 bancos, con una aportación fija para los pequeños y otra ajustada al riesgo para los grandes. Parte de las entidades no están de acuerdo y han presentado más de 650 recursos (administrativos o judiciales). En 2019, el Tribunal General declaró la ilegalidad parcial del marco jurídico que regula esas cuotas, pero el fallo ha sido recurrido ante su órgano superior, el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE).

Se estima que puede haber medio centenar de procedimientos aún pendientes de resolver por ese sistema de aportaciones, de los que casi la mitad corresponderían a 2020 y aún no habrían sido considerados en sus estimaciones de contingencias por la JUR. Como tampoco lo ha hecho con los pleitos presentados contra resoluciones de bancos, casi la totalidad de ellos por el caso del Popular: 104 en los tribunales europeos y 1.455 ante órganos jurisdiccionales nacionales –o bien dentro de la vía administrativa–.

Pero de estos últimos no hace provisión alguna en sus últimas cuentas anuales, al igual que tampoco la CE y el Consejo. Consideran «remota» la posibilidad de verse obligados a resarcir a algunos de los recurrentes, pese a que en última instancia tanto ellos como la JUR responderían de las indemnizaciones por daños y perjuicios que también impusieran los tribunales nacionales, no solo los europeos.

En el caso español, el FROB había recibido (hasta julio de 2020) 117 recursos administrativos contra la resolución del Popular, 1.070 reclamaciones de responsabilidad extracontractual del Estado y otras 262 acciones judiciales, aunque estas últimas están suspendidas por la Audiencia Nacional hasta que el Tribunal General de la UE falle sobre la legalidad de la decisión de la JUR.

Por ello, ante «las posibles consecuencias financieras de algunas de esas sentencias pendientes y otras que surjan de nuevos litigios», el Tribunal de Cuentas recomienda a la JUR que realice lo antes posible «una reevaluación exhaustiva de los riesgos». Lo mismo aconseja a la Comisión, a fin de que ambos añadan ya el posible impacto de todos esos procesos judiciales a sus cuentas, «así como cualquier otra información que pudiera dar lugar a una salida de recursos».

Además, como apuntan los auditores, cualquier previsión relacionada con el resultado de esos pleitos «se complica» porque aquí el marco es «relativamente nuevo y crea un sistema jurídico complejo, específico y sin precedentes». «Anticiparse a tales riesgos constituye un principio de buena administración de los fondos públicos», avisan desde la ECA.

El órgano fiscalizador de la UE critica, asimismo, que el sistema europeo de liquidación de bancos aún adolece de «deficiencias clave». Así, reprocha a la JUR que no haya «identificado ni abordado correctamente los obstáculos» a esa «resolubilidad», por ejemplo, en cuestiones «esenciales» como el coste de los procesos –lo que denomina «continuidad financiera»– y la armonización de los procedimientos nacionales de insolvencia para la banca.