Una terraza vacía en la Comunidad Valenciana. / efe

Las empresas siguen sin recibir los 7.000 millones directos prometidos hace meses

Pymes y autónomos se quejan de la «excesiva burocracia» para obtener unas ayudas que llevan cinco meses entre Hacienda y las CC AA

Edurne Martínez
EDURNE MARTÍNEZ Madrid

Hace ya cinco meses que el Gobierno aprobó el real decreto que regulaba la entrega de 7.000 millones de euros en ayudas directas para las empresas y autónomos que hubieran sufrido pérdidas durante la pandemia.

El pasado 13 de marzo se publicó en el BOE la lista de actividades que podían acogerse a ellos y los requisitos, pero esos empresarios denuncian no haber visto ni un euro de todo ese dinero todavía.

El Ministerio de Hacienda transfirió a las autonomías la potestad para el reparto de esta línea de ayudas, de forma que 5.000 millones se destinaban al conjunto de las autonomías y 2.000 millones iban exclusivamente a Canarias y Baleares por ser territorios más castigados.

Por tanto, desde Hacienda defienden que el dinero «ya lo tienen» las comunidades, que son las que han de gestionar los recursos. Sin embargo, los empresarios denuncian que uno de los motivos del parón en los desembolsos es la «excesiva burocracia» y las condiciones que las comunidades no pueden modificar sin el visto bueno del Ejecutivo, como que solo se puedan justificar los gastos que no se hayan pagado a proveedores. Es decir, si un empresario 'tiró' de su patrimonio para hacer frente a sus pagos, ahora no puede acceder aunque lo necesite.

Requisitos

Según la norma, este dinero está destinado a reducir el endeudamiento contraído entre el 1 de marzo de 2020, cuando estalló la pandemia, y el 31 de mayo de 2021 y las empresas deben haber registrado una caída en su volumen de operaciones de al menos un 30%, además de adquirir un compromiso para mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022 y no repartir dividendos en 2021 y 2022.

Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), indica que la burocracia está siendo «tremenda» y que el Gobierno debería cambiar el real decreto para que se pudieran presentar caídas de ingresos hasta diciembre de 2021, no solo hasta el 31 de mayo.

En su opinión, se está castigando a los buenos pagadores, a los empresarios que no tienen deudas porque han invertido sus ahorros para no tener facturas pendientes de pago. «Aunque su actividad haya caído más del 30%, como no tienen cómo justificar las deudas, no les dan la ayuda», asegura Amor.

La asociación calcula que que no van a llegar ni a 400.000 los autónomos que soliciten las ayudas por no cumplir con los requisitos, a pesar de ser muchos más los afectados por la crisis. De hecho, solo al cese de actividad se llegaron a acoger 460.000.

En Baleares, una de las más castigadas por la crisis, calculan que pedirán la ayuda solo 20.000 empresas, una cuarta parte del total. Madrid es por ahora la única que está empezando a desembolsar parte de estas ayudas, aunque a cuentagotas.

Amor asegura que otras comunidades como Baleares y Andalucía comenzarán a hacerlo en este mes de agosto pero advierte de que el ritmo de solicitudes es «muy lento» y de que hay «muy pocas» comparadas con la cantidad de empresarios que lo necesitan.

Condiciones injustas

Sobre todo porque hay cerca de 100.000 bares y restaurantes y 80.000 comercios que han tenido que cerrar sus puertas por culpa de la pandemia, según los datos de sus principales asociaciones. En Hostelería de España su presidente José Luis Yzuel denuncia que las ayudas no están llegando porque se están exigiendo difíciles e «injustas» condiciones. Considera que se «beneficia a quienes tienen deudas frente a quienes han arriesgado su patrimonio para ir pagando los recibos».

El plazo de concesión es hasta el 31 de diciembre. Pero Yzuel asegura que muchos negocios no pueden aguantar tanto, por lo que el dinero tiene que ser adjudicado cuanto antes. Advierte además de que las nuevas restricciones por la quinta ola van a hacer que se retrase la recuperación con una previsión de caída del negocio en el verano de hasta un 40% respecto a las cifras de 2019.

Carlos Moreno-Figueroa, portavoz de la Confederación Española del Comercio (CEC), no es nada optimista con el resultado de estas ayudas: «Una empresa que haya recortado su facturación 300.000 euros por la pandemia recibirá –y no sabemos cuándo– 20.000 euros de compensación. Es una ayuda que llega tarde y es muy escasa», indica. En el resto de grandes países europeos, como Francia y Alemania, estas ayudas directas se comenzaron a dar en otoño del año pasado, mientras que en España «llegarán cuando ya no se necesiten porque muchos ya habrán tenido que cerrar definitivamente».

Explica que de los 80.000 comercios que ya han tenido que bajar la persiana en España, ha sido en Baleares, la costa de Levante y el centro de las grandes ciudades donde ha habido una mayor sangría por el desplome del turismo internacional.

Nuevos criterios

La patente falta de éxito de esta línea de ayudas ha obligado a las comunidades autónomas a ampliar plazos de presentación de solicitudes, aumentar una vez más los sectores que pueden estar beneficiados, cambiar algunos criterios y lanzar nuevas convocatorias con el objetivo de que haya más pymes y autónomos que accedan a estas compensaciones directas.

Esto habría obligado al Ministerio de Asuntos Económicos a estudiar la posibilidad de abrir la mano con los criterios de admisión de solicitudes. Hasta ahora solo se podía destinar el dinero a pagar facturas y deudas pendientes hasta el 31 de mayo de 2021, pero ya se analiza un nuevo enfoque para compensar también pérdidas contables aunque el empresario las haya cubierto con sus ahorros hasta ahora.

Desde la patronal de las pymes, Cepyme, advierten de que están sobrando fondos y piden ampliar los plazos de solicitud, elevar las cuantías que puede percibir cada empresa y rebajar los requisitos. Al igual que la Asociación de Autónomos ATA, que constata que las comunidades están ampliando la lista a sectores que en un primer momento no incluyó el real decreto del Gobierno para poder llegar a todos los afectados. Es el caso de Andalucía, que ha extendido la lista de 95 a 444 sectores, o Castilla y León, hasta 570.

Según sus datos, son pocos los que están pidiendo las ayudas por los excesivos requisitos. Así, Madrid cuenta con 415.000 autónomos y solo lleva 35.000 solicitudes. Andalucía, que tiene 563.000 autónomos, solo ha sumado 33.000 solicitudes.