Interior de la sede de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en París. / REUTERS

Los auditores señalan a la autoridad bancaria por el blanqueo de capitales

El Tribunal de Cuentas de la UE, que también censura a la Comisión por su poca diligencia, incluso denuncia presiones en la EBA sobre posibles casos

José Antonio Bravo
JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid

La UE se halla inmersa en otra reforma normativa para combatir el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas. Será la sexta vez que lo haga en forma de Directiva comunitaria –la primera en 1991 y la última en 2018– y, a priori, pretende que sea la definitiva, más allá de ulteriores actualizaciones de algunos puntos. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCUE) ha puesto de manifiesto en un informe las «insuficiencias» de la arquitectura comunitaria aquí.

La Comisión (CE) presentó sus grandes líneas en julio pasado, con la voluntad de establecer un marco único de reglas y requerimientos de aplicación directa para combatir esa lacra. Por ejemplo, mejorar la comprobación del dueño real y beneficiario de los fondos, tener la diligencia debida con los clientes de las entidades financieras y extender estas normas de control a los criptoactivos.

«El lavado de dinero es una clara amenaza para los ciudadanos, las instituciones democráticas y el sistema financiero», advertía la comisaría de Servicios Financieros, Mairead McGuiness. Según calcula, casi el 1,5% del PIB de la Unión (133.000 millones de euros) corresponde a transacciones con dinero «ilegal» –Europol lo rebaja al 1,3%, pero los casos sospechosos se han disparado un 881% entre 2010 y 2019–. «No se puede subestimar la magnitud del problema –afirmaba–. Hay que sellar las rendijas que pueden aprovechar los delincuentes».

LA CIFRA:

  • 114.914 casos sospechosos de lavado de capitales se registraron en la UE en 2019 (último año revisado), según la Administración federal alemana. Ello supone 9,8 veces más que en 2010 y un 48,7% por encima de 2018.

Porque grietas en el marco de vigilancia de la UE frente al blanqueo de capitales existen, algunas incluso llamativas. Los auditores de las instituciones comunitarias las han encontrado tanto en el papel de la propia Comisión como en el del Banco Central Europeo (BCE) y el de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Precisamente a ésta última dedican sus críticas más severas en un dictamen de casi un centenar de páginas.

Ni una investigación propia

La EBA tiene competencias para investigar posibles infracciones del Derecho de la Unión respecto a la legislación sobre lavado de dinero. Sin embargo, «nunca ha incoado por su propia iniciativa una investigación relativa al blanqueo». Y eso que entre 2015 y 2019 (la fiscalización de los inspectores, aunque presentada en 2021, se ciñe a ese período porque son los últimos datos oficiales disponibles) recibió «en total 48 casos de diversas fuentes» sobre posibles irregularidades e incumplimientos, algunos relativos a la supervisión de carácter prudencial.

En otras ocasiones, cuando la Comisión le presentaba formalmente varias solicitudes de investigación, le respondía «con un retraso considerable... no constando motivos claros para dicha demora» que «no concuerda con los principios de buena administración o cooperación mutua entre organismos e instituciones de la UE». Pero el Tribunal de Cuentas va un paso más allá en su censura, al afirmar que ha «recabado pruebas escritas de intentos de presionar a los miembros de un grupo de expertos –entre los que estaba el propio presidente de la Autoridad Bancaria– durante el período en el que estaban deliberando sobre una posible recomendación a la Junta de Supervisores» de la EBA para investigar supuestas infracciones a las reglas europeas en un caso de lavado.

Los auditores consideran que ello supone «una prueba más de que los supervisores nacionales ejercen una función demasiado dominante en el marco de gobernanza de la EBA». Su Junta de Supervisores –añade el TCUE– «no está orientada a los intereses de la UE» en este campo, pero tampoco Bruselas es diligente en la presentación de solicitudes. Por eso concluyen que, «globalmente», el proceso de investigación de infracciones «carece de eficacia».

Menos reproches hacen al BCE, al que critican por falta de «eficiencia» en el intercambio de información financiera con los supervisores nacionales. Desde el Banco argumentan que no pueden asumir labores de supervisión en ese campo por cuestiones competenciales y apoyan la creación de una autoridad única europea contra el lavado de capitales.

En el caso de la Comisión, le reprochan no haber sido capaz de obligar a los Estados miembros a realizar una transposición completa y a tiempo de las normas antiblanqueo, de modo que esa «lentitud contribuyó a la incoherencia del marco jurídico» de los socios europeos. También la critican por no haber sido capaz de generar hasta ahora una lista de la UE «autónoma» sobre jurisdicciones de alto riesgo en relación al lavado de capitales.

El Tribunal concluye que, «dado el elevado grado de integración transfronteriza» en la banca de la UE, «las deficiencias en el diseño y aplicación del marco de lucha contra el blanqueo representan riesgos para la integridad del mercado financiero y la confianza pública». Por eso pide a la Comisión, el Europarlamento y el Consejo que «aborden los puntos débiles». En 2022 veremos sus resultados.

Una nueva agencia que podrá imponer sanciones millonarias

«Nuestras normas contra el blanqueo de capitales están entre las más estrictas del mundo». Lo dice el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis. Sin embargo, reconoce que «ahora deben aplicarse de manera constante y supervisada de cerca para asegurarse de que realmente muerden».

La encargada de 'clavar los dientes' de Bruselas sobre los capitales opacos será una institución de nuevo cuño. La Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA en inglés) debería estar creada en 2024 -el Parlamento Europeo aún debe refrendarlo-, contar con todos sus efectivos en 2025 -se prevén unas 250 personas y un presupuesto anual de 45,6 millones de euros- y estar ya plenamente operativa en 2026.

Entre sus funciones destaca la supervisión directa en esa materia de una serie de entidades del sector financiero -cuya selección se irá revisando cada trienio- que operen en, al menos, una decena de países comunitarios. También inspeccionará indirectamente otras de diferentes sectores a través de sus reguladores respectivos.

Asimismo, coordinará y apoyará a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de la Unión, que en el caso de España es el Sepblac. También asumirá la gestión de la base de datos de lavado de capitales -hoy en manos de la Autoridad Bancaria Europea- y podrá adoptar nuevas normas técnicas de regulación.

Si un supervisor nacional no tomase medidas directas ante el incumplimiento de una entidad financiera supervisada, la AMLA podrá relevarle en sus funciones. Además, podrá imponer sanciones de hasta el 10% de su volumen anual de negocios o 10 millones si está cifra fuese superior.