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Los industriales canarios mostraron ayer su preocupación por la situación preconcursal en la que se encuentra uno de los principales grupos de las islas, la empresa José Sánchez Peñate (JSP), y la posibilidad de que otras industrias, muy vinculadas al sector turístico, puedan verse en una situación similar.
El presidente de la Asociación de Industriales de Canarias (Asinca), Raúl Pascual, reconoció ayer que el sector industrial es uno de los que se está viendo más perjudicado por la covid, sobre todo en el caso del agroalimentario. La escasa afluencia de turistas, el cierre de hoteles, las restricciones impuestas al canal Horeca (hostelería y restauración) y el descenso del consumo de los residentes en los últimos meses han provocado importantes caídas de la facturación, que en algunos casos superan el 60%.
Además, según señala, la industria no ha podido acogerse a los ERTE por fuerza mayor. Hasta ahora, la mayor ayuda recibida han sido los créditos ICO «que han dado oxígeno» para mantener el estado financiero de la empresa. Respecto a las ayudas directas, a las del Gobierno de Canarias podrán acogerse después de solicitárselo al Ejecutivo porque inicialmente no estaban incluidos. En cuanto a las estatales, por ahora están excluidos pero desde Asinca se ha realizado una petición para que la industria pueda beneficiarse de ellas al ser uno de los sectores más castigados.
«Estamos muy preocupados por lo ocurrido en JSP y lo que pueda pasar en otras industrias. Las ventas han caído pero seguimos manteniendo estructuras y no nos podemos acoger a los ERTE. Con resultados negativos nos estamos descapitalizando. Puede haber más industrias que tengan que acudir al concurso o al preconcurso», indica. Pascual destaca que la industria cerró el año 2020 con el empleo neto de un año antes pero no descarta que a lo largo de este año se vaya a un ajuste.
La pregunta que muchos empresarios se hacían ayer era cómo una de las industrias más potentes de Canarias, que llegó a facturar 140 millones de euros y a tener una plantilla de más de 1.000 trabajadores, ha terminado en pérdidas y con una deuda de más de 40 millones de euros (y esto antes de que llegara la covid, que la «ha rematado»).
La incógnita sobre lo ocurrido es aún mayor si se tiene en cuenta que JSP contrató en 2018 los servicios de la firma KPMG para llevar a cabo un proceso de reestructuración de la empresa y realizar un 'business rewiev' de sus negocios. Dos asesores externos introducidos en la empresa por la consultora KPMG -Manuel Marquez y Pedro Casaño- han formdo parte del consejo de administración en los últimos tres años junto con un representante de la familia Sánchez. Tres personas en total que no han logrado enderezar el timón de ese gran barco que ha tenido que recurrir al preconcurso para parar ejecuciones de la deuda y poder seguir adelante. «Lo ocurrido es el resultado de una gestión pésima y alejada de la realidad. Ha sido un desastre», indican.
Fuentes próximas aseguran que los problemas de JSP surgieron en 2009, a raíz del negocio turístico (llegó a tener cinco complejos) y un crédito dudoso y que resultó ser un problema. «Eso le fue arrastrando», indican.
La oportunidad de salvarse la tuvo JSP en 2017 cuando una multinacional se interesó por Celgan y puso una oferta sobre la mesa de diez millones de euros. «La situación entonces era difícil pero solucionable», advierten. Sin embargo, la familia rechazó una propuesta que le hubiera ayudado a rebajar la deuda y seguir.
El grupo asegura que está negociando con un inversor su entrada en el capital pero la deuda de 40 millones de euros resulta poco atractiva. Fuentes cercanas, indican que la entrada de un inversor sería interesante si finalmente se lograr llegar a un acuerdo con la banca acreedora para una quita de entre un 50% y un 70%. «Podría darse porque ya ha habido casos de concursales con estas quitas y JSP tiene marcas reconocidas y de prestigio», indican estas fuentes.
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