Las agencias de viajes denuncian en una carta a Marlaska la «desproporcionada» petición de datos de clientes

Las protestas del sector turísticos han sido evidentes, al considerar que este decreto exige una elevada carga burocrática y estudian acciones legales contra la norma. Este lunes la patronal de agencias de viajes (CEAV) ha hecho pública una carta enviada a los ministros del Interior y de Turismo, Fernando Grande-Marlaska y Jordi Hereu, en la que denuncian la «norma desproporcionada» que obliga a proporcionar datos de forma masiva de sus clientes e introducirlos en la plataforma Ses.Hospedajes, que quedó colapsada en su primer día de funcionamiento.

«Se trata de una norma desproporcionada que colisiona frontalmente con otras de rango español y europeo, así como con recomendaciones de distintos organismos, pudiendo llegar a poner en peligro la propia seguridad que se pretende ante una ciberdelincuencia que, tristemente, avanza a pasos agigantados», señala CEAV en la misiva. El sector alude a la ciberdelincuencia porque el Gobierno apela a la ley mordaza y a la amenaza terrorista para su aplicación, destacando además que no supondrá «ninguna diferencia» para los clientes.

Así lo aseguró este mismo lunes el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en una entrevista en el Canal 24 horas donde explicó que la única novedad de este reglamento es indicar la relación de parentesco entre los viajeros, siempre en el caso de que alguno sea menor de edad. Pérez indicó que este real decreto actualiza una normativa que estaba «totalmente obsoleta» y servirá para «atender nuevos fenómenos» como el alquiler de viviendas para uso turístico o las reservas por internet.

Como ejemplo de la problemática actual por el modus operandi de los ciberdelincuentes, Pérez recordó que los 4,8 millones de datos ya recabados en la plataforma Ses.Hospedajes ha permitido detener a más de 18.000 investigados tanto a nivel nacional como internacional.

Por ello, desde Interior «no comprenden» las quejas del sector turístico y hacen hincapié en el «diálogo continuo» que ha tenido el ministro Marlaska con las compañías de la industria desde que se propuso la normativa. Según sus palabras, este nuevo reglamento «no supone ni mayor trabajo para los alojamientos» ni aportar más datos a los viajeros.

Pero desde el sector turístico ven la situación completamente «desproporcionada» e «inaceptable», por lo que estudian acciones legales. Entre las denuncias más pronunciadas por la industria están su posible incompatibilidad con el reglamento de la Unión Europea, y además denuncian que esta norma generará «inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento», desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo, falta de adecuación tecnológica y carga administrativa desproporcionada para las empresas, ya que el 95% del núcleo del sector son pymes.

Pese a que en Interior aseguran que la normativa no implicará ningún cambio para los clientes, los anexos de ese real decreto son los que fijan la larguísima lista de datos. En el caso de los viajeros, los hospedajes deben cumplimentar -más allá de los datos esperables del establecimiento y de identificación del huésped- otros más delicados como correos electrónicos, horas exactas de entrada y salida, número de habitaciones, identificación del medio de pago, caducidad de la tarjetas, números de cuenta, la fecha del pago de la reserva, si la habitación tenía o no internet o la relación entre los viajeros, en el caso de que uno de ellos fuera un menor.

Para los alquileres de vehículos la enorme lista de información a facilitar incluye parámetros adicionales de los que se exigen a los viajeros, tales como especificar si el coche llevaba un sistema GPS que permita rastrear sus movimientos o los kilómetros realizados.