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Francisco José Fajardo y Silvia Fernández
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 13 de noviembre 2024, 23:26
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Los Hermanos Santana Cazorla, Manuel y Santiago, cometieron un «indudable alzamiento de bienes» -penalizado por el artículo 443.1 del Texto Refundido de la Ley Concursal- previo a la entrada de la empresa en el concurso de acreedores en marzo de 2021. Así se concluye en el informe de calificación emitido hace unos días por el administrador concursal Jorge Zambrana y que se ha encargado de realizar un meticuloso análisis de los hechos que motivaron el concurso de esta empresa «con carácter necesario».
Según el citado informe, al que ha tenido acceso CANARIAS7, ambos, Manuel y Santiago, conocían «de forma evidente» desde el año 2011 «la clara insolvencia» de la empresa Hermanos Santana Cazorla por «impagos generalizados e incesantes ejecuciones». Sin embargo, lejos de plantear el concurso, «sabedores» de que era cuestión de tiempo, «maquinaron» en 2015 una permuta de las acciones de Anfi Sales y Anfi Resorts, que eran las dos sociedades más saneadas de la empresa, para evitar que la insolvencia «alcanzara y arrebatar» a estos dos activos libres de hipotecas.
Con este objetivo, dado que ambos formaban parte de los órganos de gobierno de la sociedad, desarrollaron «un plan sencillo de coordinación» por el que el Grupo Santana Cazorla, que entonces era un «espacio más seguro», adquiere estos dos activos «de gran valor» y entrega otros dos de menos peso y con problemas que estaban en la empresa Hermanos Santana Cazorla (HSC), filial de la primera y objeto del concurso de acreedores. «Huelga indicar que tal operación, perjudicial para HSC, dudosamente se hubiera aceptado en condiciones de mercado con accionariados y órganos independientes».
En concreto, según se recoge en el informe, el canje consistió en la permuta del 100% de las participaciones sociales de la que es titular Grupo Santana Cazorla (la matriz) en la entidad Club de Deportivo La Cornisa y del 68,1% de las participaciones de Mar Abierto, valoradas en 11,8 y 48,3 millones, respectivamente, a cambio del 50% de las acciones de Anfi Sales y de otro 50% de las participaciones de Anfi Resort, ambas pertenecientes a Hermanos Santana Cazorla y valoradas en 49,7 y 10,3 millones, respectivamente.
Para el administrador concursal, es evidente que existía voluntad de «perjuicio» a la empresa HSC, ya que, según recoge el informe los valores del canje de la permuta «fueron intencionadamente erróneos y favorables» a la matriz Grupo Santana Cazorla.
En este sentido, según recoge el informe, en el caso de la sociedad Mar Abierto, el grupo por ejemplo planteó un valor por el 68,1% de las acciones de 48,3 millones de euros pero los estados contables revelan que su valor real es de 31,7 millones. Según apunta el informe, una vez auditadas las cuentas, hay una sobrevaloración de 21,3 millones de euros. El valor real de esas acciones no era de 48,3 millones sino de 17,2 millones.
En el caso del Club Deportivo La Cornisa ocurre lo mismo: en la permuta las acciones traspasadas de sociedad se cuantificaron en 11 millones de euros, sobre una sobrevaloración de 7,9 millones. Su valor real y por la totalidad de las acciones es de 3,1 millones.
Frente a estas sobrevaloraciones de las empresas 'tocadas', los hermanos Santana Cazorla pusieron en la permuta menos valor a las acciones de las empresas más robustas y de mayor peso. Así, valoraron el 50% de las participaciones de Anfi Sales en 49,7 millones cuando según el informe del administrador concursal su valor es de 67 millones de euros, todo ello teniendo en cuenta que se trata de valoraciones a fecha de 2015. En cuanto a Anfi Resorts, se valoró en 10,3 millones y su valor real fue de casi 13 millones de euros.
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Al final, según recoge el informe de fiscalización, el desfase de las valoraciones en aquella fecha entre las empresas recibidas por GSC (Anfi Sales y Anfi Resort) y las recibidas por Hermanos Santana Cazorla, la empresa concursada, fue de casi 60 millones de euros. Cantidad de dinero que tendrán que indemnizar los responsables afectados por la calificación y por tanto, Manuel y Santiago Santana Cazorla. Ambos, como recoge el informe de fiscalización, eran conscientes del «estado de insolvencia crónico» que al menos desde el año 2011 arrastraba la empresa y que la llevó a alcanzar un ratio de endeudamiento «de altísima peligrosidad».
Precisamente por ello, la calificación del concurso es finalmente de «culpable», ya que agravaron una situación que en fase temprana hubiera tenido otra salida para las empresas del grupo. Además, el informe de fiscalización, califica de «doloso» el concurso y confirma el alzamiento de bienes.
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