De pie, Manuel Jesús Santana Cazorla y, sentado, su hermano Santiago, acusado en este juicio.F. J. F.
Santana Cazorla se declara «un hombre honrado» y dice que no robó un barco
Tribunales ·
El empresario ha sido acusado por la Fiscalía y Anfi de apropiarse de una embarcación. Se enfrenta a peticiones de penas de dos a cuatro años de cárcel
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El empresario grancanario Santiago Santana Cazorla afirmó este martes ante la Audiencia Provincial de Las Palmas que se consideraba «un hombre honrado» y que era «triste que le dijeran que había robado un barco» del grupo Anfi, tras haber presidido durante 14 años la compañía y haber «facturado miles de millones de euros», declaró a preguntas de la Fiscalía.
En el juicio celebrado por la Sección Segunda, Santana Cazorla, para quien la fiscal Lucía Cascales pide dos años de prisión por apropiación indebida y la acusación particular ejercida por Anfi del Mar solicita cuatro, explicó que en 2012 compró el barco a una clienta con una deuda de 27.607,80 euros con Anfi. Por ello, el barco se registró a nombre de la compañía. Añadió que pagó 62.607,80 euros y detalló un contrato privado de 2012 en el que adelantó 20.000 euros a la dueña del barco, además de saldar la deuda. Aseguró que la operación se realizó para saldar una deuda de Anfi con él de 321.000 euros por honorarios.
La anterior propietaria, testigo en el juicio, dijo que recibió los 20.000 euros al firmar el contrato privado, cuyo contenido no recordaba. Un directivo de la asesoría jurídica de Anfi declaró que todos los contratos debían pasar por la empresa y negó la existencia de ese documento.
José Luis Trujillo, representante legal de Anfi, intervino en la compraventa y dijo que «cobramos el pago en parte de un dinero que nos debían. Creo que eran 24 o 26.000 euros y el resto lo abonó Anfi. Santiago no pagó nada en esa escritura pública, pero nunca vi contrato privado alguno». Trujillo afirmó que la operación se realizó porque se debía un dinero a Anfi y que «se puso a nombre de Anfi y lo utilizaba Santiago porque era el presidente». También señaló que Anfi asumió 70.000 euros en reparaciones y que el reclamo del barco se hizo tras la salida de Santana Cazorla del consejo.
Este testigo informó de que se enteraron de que el barco estaba en Marruecos por una notificación de Aduanas y que decidieron presentar la querella para evitar problemas. En el juicio también declaró un marinero de Anfi que ayudó a contactar a la propietaria del barco con Santana Cazorla. Según este testigo, «el barco sólo lo utilizaba Santiago Santana Cazorla para pescar».
El perito que valoró el barco en 99.000 euros en 2023, que es la cantidad que reclaman las acusaciones a Santiago Santana Cazorla, ha explicado cómo efectuó la tasación, que la defensa ejercida por el abogado José Antonio Choclán la ha rechazado por cuestionar el método utilizado.
Su hermano, querellante
Manuel Jesús Santana Cazorla, querellante en representación de Anfi, afirmó que «no sabía que estaba ese barco hasta que el abogado de Anfi nos dio la noticia». Declaró que «no sé si el acusado tenía 300.000 euros de deuda con Anfi en 2013» y recordó que el barco estaba en Marruecos tras un informe de Aduanas.
El marinero responsable del puerto de Anfi del Mar declaró que puso en contacto a la propietaria del barco con Santiago Santana Cazorla, pues ella le había dicho «que estaba en venta» y sabía que tenía «problemas económicos. El barco sólo lo utilizaba Santiago Santana Cazorla para pescar» dijo el marinero, al que el empresario le encargó varias reparaciones y se las pagaba a él.
La Fiscalía y la acusación particular pidieron al tribunal presidido por Pilar Parejo una sentencia condenatoria. El abogado de la acusación no cuestionó que Santiago Santana Cazorla fuera el poseedor, pero argumentó que eso no le otorgaba la propiedad, que según los servicios jurídicos del grupo, pertenecía a la sociedad. El letrado representante de Anfi rechazó que la deuda del acusado fuera un derecho de crédito y destacó que el poder utilizado para mantener el barco en Marruecos había sido revocado.
José Antonio Choclán solicitó, por su parte, una sentencia absolutoria o que se consideren lo que a su juicio son unas dilaciones indebidas en el procedimiento. Argumentó la defensa que el caso es un conflicto societario de naturaleza mercantil tras la pérdida de poder de su cliente en Anfi.
Defendió la validez del contrato privado y criticó la «tesis de la acusación», considerando que «la titularidad de la embarcación es de Anfi, pero el barco no», y que el asunto es civil, no penal.
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