El presupuesto de la Sociedad de Promoción municipal creció un 200% entre 2016 y 2024

A pesar de que el presupuesto de la Sociedad de Promoción ha crecido un 200,15% entre 2016 y 2024, en los dos últimos ejercicios las pérdidas se han disparado, tal y como detalla el Partido Popular en la segunda denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción tras detectar indicios de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

En la denuncia se incluye un cuadro que detalla el histórico presupuestario de la Sociedad de Promoción entre 2016 y 2024, donde destaca el incremento del actual ejercicio con un aumento del 33,39% de la inversión municipal en un año.

«El presupuesto de gasto de la Sociedad de Promoción fue de 6.471.000 euros en 2016», mientras que la estipulada para este 2024 se dispara «hasta los 19.423.301, 79 euros».

La evolución presupuestaria, según la denuncia, es la siguiente: 7.714.822,86 euros en 2017; 8.380.000 euros en 2018; 10.167.893,77 euros en 2019; 11.581.822,86 euros en 2020; 12.116.453,86 euros en 2021; 11.719.553,27 euros en 2022; 14.561.581,96 en 2023; y los 19,4 millones mencionados para el actual ejercicio.

A pesar de ello, relata la denuncia que en los ejercicios de 2022 y 2023 «hubo un incremento de lo presupuestado obligando al Ayuntamiento a transferir una mayor cuantía para cubrir el exceso de gasto». Especifica unas transferencias municipales para cubrir estos desfases presupuestarios de 15.601.511,38 en 2022 y de 18.243.394,06 euros durante el siguiente año.

Recuerda el PP en su denuncia que el artículo 19 de los estatutos de la Sociedad de Promoción especifica que siempre que haya pérdidas, las mismas las tiene que asumir el Ayuntamiento con cargo a su presupuesto, «disposición que, como resulta también evidente, permite una relajación de los responsables políticos en cuanto a gastar ya que las desviaciones serán siempre cubiertas por el Ayuntamiento», asegura en la denuncia.

A continuación, recuerda lo ocurrido en el consejo de administración del pasado 27 de marzo, cuando se precipitaron los acontecimientos en una sesión en la que se tenían que aprobar las cuentas del ejercicio de 2023. Se presentaron unos resultados negativos de 3.035.991,40 euros, lo que provocó que se pusiera en marcha una revisión de las auditorías de los últimos cinco años y se apartara durante dos meses, con un permiso retribuido, al director financiero y exgerente Agustín Díaz.

Durante esa revisión de auditorías se detectaron facturas no contabilizadas por un montante de casi 700.000 euros, por lo que el déficit del ejercicio de 2023 se disparó hasta casi 4 millones de euros y la deuda a proveedores rozaba los ocho millones.

Las fuentes consultadas por este periódico desvelaron que gran parte de estas facturas sin contabilizar eran de los ejercicios desarrollados entre 2020 y 2023, cuando Agustín Díaz ejercía como gerente y no como director financiero, por lo que a su regreso del permiso de dos meses retribuido fue despedido.

Antes, el director financiero y exgerente había presentado una demanda por vulneración de derechos fundamentales contra la Sociedad de Promoción y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el Juzgado de lo Social nº2 de Las Palmas de Gran Canaria, donde fue admitida a trámite.

Díaz solicitó una indemnización de 113.292 euros, «correspondiente a 24 mensualidades de salario», tal y como figura en la demanda, a la que tuvo acceso este periódico y que avanzó en exclusiva el pasado mes de mayo.

En la base de las dos denuncias presentadas por el PP ante la Fiscalía Anticorrupción que comanda Javier Ródenas está el «abuso» en el uso de contratos menores y negociados sin publicidad por parte de la Sociedad de Promoción, lo que supone un «fraude» de la Ley de Contratos del Sector Público.

Según el PP, en 2022 «el 81,37% de los contratos fueron menores (50,37% del total por 6.870.255,69 euros) y negociados sin publicidad (31% por 4.228.584,3 euros), esto es, a través sin procedimientos de concurrencia pública».

En el siguiente año, señala la demanda, «más de lo mismo». «Se formalizaron 4.044 contratos menores por un montante total de 9.379.509,2 euros (sólo en un día, en concreto el 29 de diciembre se formalizaron 264 contratos menores por un imjporte de 840.998,44 euros) y otros 116 contratos negociados sin publicidad por un importe de 8.997.140 euros, lo que es lo mismo, se asignaron contratos por valor de 18.376.649,2 euros sin ningún tipo de concurrencia pública». Se añade que durante el 2023 «únicamente hubo diez licitaciones a través del procedimiento ordinario, con un importe de 1.214.514, 73 euros».

Concluyen los populares que «el fraude es palmario», porque «a través de estos contratos menores se han pagado suministros y servicios cuyo monto total supera en todos los casos los 15.000 euros y que son troceados sistemáticamente para eludir las obligaciones de licitación y poder adjudicarlos directamente como contratos menores».

La segunda demanda presentada por el Partido Popular en la Fiscalía Anticorrupción contra la gestión desarrollada en la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria concluye solicitando al fiscal la perticencia de que tome declaración a tres personas en calidad de testigos.

Se trata de la actual gerente de la Sociedad de Promoción, María Elena Rodríguez Henríquez, que accedió a este cargo en septiembre de 2023 tras imponerse en un proceso selectivo.

El segundo testigo propuesto por el PP es Agustín Díaz, exgerente y exdirector financiero de la Sociedad hasta mayo de este año, cuando fue cesado.

Su testimonio puede ser relevante para el fiscal Javier Ródenas, ya que en la demanda que presentó Díaz contra la Sociedad de Promoción por vulneración de derechos fundamentales relataba situaciones como que en 2022 la Sociedad volvió a entrar en pérdidas «fruto de la decisión de las concejalas que presidían la sociedad y del uso que se hizo de la entidad para hacer eventos sin control», en alusión a Encarna Galván e Inmaculada Medina, y que presentó un informe al nuevo Grupo de Gobierno que encabeza Carolina Darias advirtiéndole de la situación que heredaba.

David Navarro, de la empresa DN7, es la tercera persona que el PP propone que declare.

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