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Jimena Delgado, en una imagen de archivo. Arcadio Suárez
El PP pregunta a Darias si también apartará a los concejales Inmaculada Medina y Adrián Santana

El PP pregunta a Darias si también apartará a los concejales Inmaculada Medina y Adrián Santana

Jimena Delgado asegura que no se puede achacar toda la responsabilidad a un trabajador, en referencia al gerente Agustín Díaz

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de abril 2024

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La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha preguntado a la alcaldesa Carolina Darias si tiene pensado apartar de sus responsabilidades en la Sociedad de Promoción a Inmaculada Medina, actual presidenta del ente público, y a Adrián Santana, actual concejal de Cultura, por formar parte del núcleo de personas que han tomado las decisiones políticas que han llevado a esta institución a su actual situación, con 11 millones de pérdidas acumuladas y siete millones en deudas a proveedores solo en 2023.

«No se puede depositar la responsabilidad de todo lo que ha ocurrido en un trabajador de la sociedad, como si no hubiera unos responsables políticos cuya obligación era velar porque no fueran engrosándose las pérdidas cada año. El PSOE debe dar explicaciones sobre por qué ahora con dinero público hay que compensar los malos balances de la sociedad durante su gestión», explica la líder del PP en la capital grancanaria.

Ha apremiado a Darias a pedir que Medina y Santana «den un paso a un lado» mientras los auditores trabajan. Los populares piden que, ante la gravedad de la situación,«se consensue con el resto de partidos de la corporación qué empresa auditora debe hacerse cargo del estudio de las cuentas de la empresa pública, dado que no tendría sentido que audite la misma que ha trabajado para Promoción en los últimos ejercicios».

Del estudio de las contrataciones del mandato anterior hasta el presente -con la escasa información existente- han sido detectadas facturas por bienes y servicios abonados directamente a empresas sin ningún procedimiento de contratación; ausencia de solicitud de presupuestos previos, abuso del procedimiento negociado sin publicidad y por emergencia; o abonos de facturas por encima del importe de adjudicación de los contratos.

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