Opinión

No hubo concurso

12/02/2019

No hubo concurso. No hubo lista de admitidos ni excluidos, no hubo valoración de los méritos de los candidatos; no hubo informes de comparación o contraste de las

clasificaciones de los candidatos; no cumplía el candidato que resultó adjudicatario con los requisitos para poder concursar al no presentar su título homologado ni justificar su experiencia laboral; se utilizó un criterio ajeno a las bases para motivar la elección; no hubo propuesta de adjudicación; no se notificó la adjudicación a los participantes; no hubo actas ... Podemos afirmar que no hubo como tal un concurso de selección para el puesto de director general de la Fundación Auditorio-Teatro Pérez Galdós (FAT). Lo que sí hubo fue una puesta en escena, que tanto el Juzgado Contencioso Administrativo nro. 3 de esta ciudad, como la Sala Contencioso Administrativo, Sección Primera, del TSJ han desmontado con sendas y rotundas sentencias.

Las cartas estaban marcadas. Tal cúmulo de infracciones no pudo ser cosas del azar. Detrás de ello estuvo una mano que intencionadamente hizo que sucediera de tal forma. Varias personas me han informado de hechos ocurridos en torno a este concurso, pero no me autorizan a utilizar las fuentes por temor a represalias, por tanto, lo que expongo a continuación es algo que parece ser.

Parecer que la persona que resultó adjudicataria se trasladó expresamente desde Alemania, varios meses antes del concurso, para entrevistarse con un miembro del patronado de la FAT en su despacho oficial. Parece ser que un patrono indicó a una importante asociación musical de la ciudad que sus problemas de uso del Teatro Pérez Galdós se verían salvados con la incorporación a la dirección general de la FAT de la persona que obtuvo el cargo. Parece ser que un miembro del Patronato animó a una persona, o a varias, para que se presentase al concurso de la dirección artística de la FAT con el aliciente de que iba a trabajar con el director general que salió nominado. Todo ello, claro, antes del fallo del concurso. En su momento no quise dar crédito a esos comentarios ya que por propia experiencia conocía la tramitación de un expediente de contratación pública y en mi mente no cabía otra posibilidad que la adjudicación recaería sobre la persona que obtuviera mayor puntuación. La edad de la

inocencia.

No cabe duda que, además de las sentencias que declaran nulo el nombramiento, hay responsabilidades personales en la gestión en este proceso selectivo: se ha faltado a la buena fe de los otros quince candidatos que creíamos que íbamos a afrontar un proceso limpio y transparente; se ha elevado al Patronato un nombramiento a sabiendas de que el proceso de selección estaba viciado; se ha puesto en entredicho el buen nombre y la confianza depositada en la FAT; se ha propiciado un recurso de apelación que estaba perdido de antemano; se ha malgastado dinero público; se ha derrochado tiempo y energía de la administración local y de la justicia; se ha suscrito un contrato de alta dirección sin la debida y ordenada tramitación del proceso de selección; y, por último, se ha engañado a la ciudadanía con la publicación de un resultado de un procedimiento trucado.

A pesar de todo ello, en una entrevista radiofónica, un patrono manifestó que le parecía normal que se recurriera la sentencia porque era lo que siempre se hacía. Desgraciadamente esa normalidad ha sido habitual en este país durante muchos años y así nos va con el abuso de poder y la corrupción. Ha sido normal en nuestro país que se otorgue un master sin haber asistido a clase, sin presentar el trabajo de fin de master y sin que se reúna el tribunal que lo debía valorar. Ha sido normal en nuestro país que se adjudique un importante puesto de trabajo a una persona que no cumple los requisitos para optar a dicho puesto, que no se valoren los méritos ni las propuestas de los otros candidatos y que se le conceda en base a un criterio no establecido en las bases. Esa no es la normalidad de país que a mí me gustaría dejar a futuras generaciones. Debe ser el mérito, la formación y la experiencia los que determinen, limpiamente y con transparencia, el acceso a estos puestos de trabajo. En ningún momento la arbitrariedad o el capricho.

El problema que tiene la FAT no es mi demanda ni las sentencias emitidas. El problema está dentro del Patronato. Entiendo que el paso siguiente de la FAT no debe ser recurrir en casación abundando en el error, sino abordar el origen del mismo depurando las responsabilidades a que hubiera lugar. Que el autor, o autores, de esa arbitrariedad sean apartados del seguimiento cotidiano de la FAT; que no formen parte de una nueva comisión de selección (por lo del lobo y las ovejas); que abandonaran el Patronato de la FAT, .... Sería una contribución importante a la transparencia y a devolver confianza a los ciudadanos en las instituciones y sus representantes políticos.

Supondría entrar en otra normalidad, la de la ética y la moral, la de la regeneración democrática que espera y reclama la ciudadanía. Estimados patronos, ustedes tienen la palabra y la responsabilidad.