Karel Mark Chichon, el pasado mes de septiembre al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), durante el primer concierto de la temporada de abono. / ARCADIO SUÁREZ

El contrato de Karel Mark Chichon genera una disparidad jurídica en la Fundación de la OFGC

El informe desvelado por Cs lo considera «nulo», mientras que otro defiende «la modalidad especial de artistas en espectáculos públicos»

VICTORIANO S. ÁLAMO Las Palmas de Gran Canaria

El informe de los servicios jurídicos del Cabildo de Gran Canaria que determina que el contrato de Karel Mark Chichon y su segundo, Rafael Sánchez Araña, «son nulos de pleno derecho» y que hizo público Ciudadanos (Cs) el pasado lunes mediante un comunicado, tiene como contrapunto en el caso del primero otro análisis externo que descarta su nulidad, apuesta por su modificación atendiendo a su «naturaleza laboral especial» y descarta la convocatoria de un concurso público para su designación.

Estos dos informes, según las fuentes consultadas por este periódico, generaron una profunda controversia durante la celebración, el jueves de la pasada semana, de una reunión del Patronato de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Una parte de los integrantes del Patronato se decanta por el informe de los servicios jurídicos de la Corporación insular, por lo que defienden que se anule el contrato del actual director titular y artístico de la OFGC y se lleve a cabo un concurso público para la designación del responsable de este cargo, tal y como, dice el informe desvelado por Ciudadanos, especifica la Ley.

La otra parte del Patronato apuesta por el informe jurídico de Aguilar Abogados, firmado por el abogado José Losada Quintás, que considera que Chichon no requiere de un contrato de alta dirección ni la celebración de una convocatoria pública, como aseguran los servicios jurídicos del Cabildo, ya que ese cargo ya existe en el seno de la Fundación y lo asume el gerente, en la actualidad Christian Roig.

El informe es claro: « Sean altos directivos, o sean artistas en espectáculos públicos, la relación solo puede ser laboral especial, y no mercantil, como lo es actualmente». Por tanto, propone al Patronato «la laboralización de ambas contrataciones» y «deberán celebrarse con ambos los correspondientes contratos bajo la modalidad especial de artistas en espectáculos públicos, y correlativamente darles de alta en el Régimen especial correspondiente de la Seguridad Social».

Aguilar Abogados defiende sin ambages «la modalidad especial de artistas en espectáculos públicos, y correlativamente darles de alta en el Régimen especial correspondiente de la Seguridad Social». Si se opta por esta vía, explica el informe que «no sería posible una convocatoria de sus plazas tal que diese lugar a un proceso público de selección, atendiendo a que ambos ocupan ya esas plazas objeto de ese proceso, eso sí, contratados bajo una modalidad incorrecta, como trabajadores autónomos». Si se llevara a cabo, avisa de que si los interesados impugnan el proceso porque ya están ocupando esos puestos, «la Jurisdicción Social les ampararía».

El caso de Sánchez Araña.

Las fuentes consultadas explican que las deficiencias detectadas por los servicios jurídicos del Cabildo en el contrato de Rafael Sánchez Araña ya son historia.

Ejerció tres años contratado como autónomo, hasta que este año se llevó a cabo un concurso de negociado sin publicidad dentro de la plataforma del sector público, que se extendió durante unos seis meses hasta la firma el pasado 20 de julio de un nuevo contrato por dos años, renovable por otros dos, con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Fundación y del Cabildo. Las funciones que le corresponden son tres: coordinador artístico de los conciertos escolares, director de la Joven Orquesta y director asistente del director titular de la OFGC.