La trama corrupta: Canarias pagó a una empresa sin experiencia, sin prueba de calidad y sin comprobación

Era pandemia, había que buscar suministros sanitarios y cualquier empresa que dijese que accedía al mercado internacional para la compra y el envío era bienvenida. Ese es el argumento esgrimido por el Gobierno del Pacto de las Flores, que en 2020 atendió en las islas al estallido de la pandemia de covid. El contrato con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL para la compra de mascarillas, al igual que el de RR7 para el mismo objeto, se hicieron en esas circunstancias pero en ambos casos hubo problemas.

El de la empresa vinculada al que fuera asesor personal del entonces ministro José Luis Ábalos tropezó con que parte de las mascarillas eran de peor calidad que las prometidas. El de RR7, tras un primer envío que terminó en un crematorio, se abonó religiosamente y las mascarillas siguen sin llegar.

En ambos casos, los técnicos de la Audiencia de Cuentas de Canarias concluyeron que «las excepcionales condiciones que presiden la tramitación de emergencia» no son excusa para «la ausencia de comprobación», la falta de «requisitos mínimos de calidad» y todo ello en dos casos en que había otro denominador común: eran empresas sin experiencia en el sector sanitario.

En mayo de 2022, el pleno de la Audiencia de Cuentas recibió una propuesta de dictamen sobre la «fiscalización de los efectos de la covid-19 en el presupuesto y la contratación de la comunidad autónoma de Canarias», en el que se mencionan expresamente los casos de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y RR7 como ejemplos para no repetir. «Tales circunstancias», se subrayaba en ese documento, «motivaron que el material recepcionado, a tenor de los informes realizados por los servicios de prevención, no se considerasen aptos para cumplir con el objetivo de solventar los problemas provocados por la pandemia».

Esa propuesta de dictamen recibió alegaciones del Servicio Canario de Salud. Las firmó Conrado Domínguez en calidad de director general del citado organismo y básicamente insistió en que la excepcionalidad del momento justificó el procedimiento a seguir en las contrataciones, todo ello con el paraguas del decreto de emergencia aprobado por el Gobierno de Canarias.

Pero las tornas giraron cuando la propuesta de dictamen llegó al plenario de la Audiencia de Cuentas. Allí fue rechazado por mayoría en votación de los integrantes del pleno.

Fuentes del órgano fiscalizador consultadas por este periódico aseguran que fue algo sin precedentes y que todo derivó de las presiones recibidas desde el ámbito político.

En todo caso, el presidente de la Audiencia, Pedro Pacheco, había remitido copia del documento al Tribunal de Cuentas desde el momento en que el mismo se advertían de posibles infracciones contables en el caso del contrato con RR7. El Tribunal de Cuentas cerró ese expediente al entender que la Comunidad Autónoma había activado los mecanismos para la recuperación del dinero, empleando para ello a la Agencia Tributaria. A día de hoy, los 4 millones pagados a RR7 por un millón de mascarillas no han sido recuperados.

Uno de los empresarios sin experiencia en sanidad que contactó en 2020 para ofrecerse a suministrar material sanitario recordaba, a la luz del caso investigado por la Audiencia Nacional, su experiencia: «Yo reconozco que hice negocio, que vendí material a un buen precio, pero yo entregué lo que dije que iba a traer. Otros, no».

• Temas
• Conrado Domínguez
• José Luis Ábalos Meco