El Supremo ratifica la paralización de la ampliación de la TF-1

Esta resolución judicial había declarado la disconformidad al ordenamiento jurídico y anuló la prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 'Tercer carril de la TF-1, tramo San Isidro-Las Américas', acordada por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 26 de Octubre de 2017, así como la disconformidad al ordenamiento jurídico y anulación de la orden dictada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, por la que se aprobaba el proyecto. Además, se declaró en el mismo acto la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del mismo, pues carecía de pronunciamiento ambiental conforme a Derecho.

El despacho de abogados Legalius defendió en todo momento la tesis de que, según se desprende de la normativa legal aplicable, el proyecto incurría en un vicio de nulidad absoluta.

Ahora, el 19 de noviembre de 2020, después de que el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife presentaran sendos recursos de casación contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo mantiene el criterio de sus antecesores e inadmite el recurso por falta de fundamentación y justificación suficiente por parte de los recurrentes.

El origen del procedimiento se encuentra en octubre de 2017. El Gobierno de Canaria emitió un informe con el objeto de prorrogar la declaración de impacto ambiental y, con ello, proceder a la expropiación de los terrenos correspondientes al Centro Comercial Las Chafiras para la ampliación del mencionado tramo, enlace de La Oroteanda-Enlace Las Chafiras. Sin embargo, la precipitación en la formulación del informe, la reducción presupuestaria inicialmente pactada y la desatención de los graves defectos detectados por el director del proyecto, atendiendo a la nueva geometría del plan de construcción, se apartan totalmente del proyecto de trazado, impidiendo así el acceso directo al polígono industrial de las Chafiras desde la TF1, a la vez que obvia la preservación de la biodiversidad de Canarias, en especial, la protección del escarabajo Pimelia Canariensis, intentando imponer, y no negociar, un proyecto que genera aún más problemas de tráfico en la zona, según esta parte.

La reciente resolución del Tribunal Supremo, así como la sentencia predecesora del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, declara la disconformidad al ordenamiento jurídico o nulidad de la prórroga de Declaración de Impacto Ambiental, un informe imprescindible para la aprobación del proyecto. Con dicho informe, la Administración Pública debía comprometerse a la protección de la biodiversidad del entorno, pero, sin embargo, el Gobierno de Canarias ignoró la preservación del hábitat del Pimelia Canariensis, un escarabajo autóctono cuyo ecosistema también se vio afectado por el proyecto inicial del Puerto de Granadilla, así como los espacios naturales protegidos, Zonas de Especial Conservación para las aves de Ifara y Los Riscos Guaza, Rasca, yacimientos arqueológicos y otras áreas de alta sensibilidad ambiental.

La paralización de las obras de este tramo supone un gran logro para el equipo jurídico de Legalius, con Mariano Navarro Pacheco al frente de este procedimiento, que, lejos de aliviar la densidad de tráfico, provocaría aún más retenciones en la zona y perjuicios para los usuarios, según estima este despacho. Con este resultado, añade esta parte, se consigue asimismo proteger a los empresarios del Centro Comercial Las Chafiras del aislamiento propuesto por el Gobierno autonómico, así como la protección de los valores paisajísticos y ambientales que conforman el patrimonio natural de la isla.